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La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó por mayoría el dictamen sobre los proyectos de ley (7107, 7156 y 7267-2023). Estos proyectos tienen como objetivo derogar la actual Ley del Servicio Civil, Ley (N° 30057), e introducir nuevas disposiciones de trabajo en el sector público.
Además de derogar la Ley N° 30057, el proyecto de ley propone la creación de una Comisión Tripartita (compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y organizaciones de trabajadores estatales) que se instalará dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación de la ley. Esta comisión tendrá un plazo de 120 días hábiles para presentar un informe detallado.
El informe deberá incluir un diagnóstico sobre la situación del servicio público y la diversidad de regímenes laborales aplicables al Estado, incluyendo aquellos utilizados por altos directivos públicos. También deberá proponer mejoras y la unificación de los regímenes laborales y de servicios, garantizando el respeto a los derechos laborales, la seguridad social y la negociación colectiva.
La tarea que tendría la comisión sería presentar un proyecto de ley que regule un nuevo régimen laboral de servicio público, bajo los criterio de: eficiencia, igualdad, integridad, transparencia, mérito y estabilidad laboral.
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Riesgos en el sector público
Juan José Martínez, experto en gestión pública y expresidente de Servir, expresó su preocupación por la posible derogación de Servir y señaló que, las relaciones laborales en el sector público son muy particulares y necesitan reglas especiales, “eliminar Servir empeoraría el ya precario desempeño de los servidores públicos” dijo.
El especialista dijo que el sector público enfrenta problemas en el ingreso de personas, en el que algunos no entran por méritos, sino por conexiones personales. Además, sostuvo no hay una adecuada gestión de desempeño y hay personal que no merece estar en el sector público debido a su pésimo desempeño o corrupción.
Martínez no dudó en calificar la propuesta como una medida populista. “Algunos sindicatos y abogados laboralistas la aplaudirán, pero los expertos en modernización del Estado y gestión pública verán esto como una mala noticia”, dijo.
Para el experto, las deficiencias en la ley Servir es más humana que estructural. “El problema no está en la estructura legal, sino en la implementación de medidas y la fuerza de Servir para supervisar y gestionar el desempeño del personal”, señaló. Agregó que, la migración de 700,000 servidores públicos al nuevo sistema podría llevar un tiempo similar o mayor y que es un desafío que requiere una revisión cuidadosa.
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