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En el último quinquenio la minería en el Perú ha enfrentado sus mayores trabas, primero con la llegada del covid que llevó a restringir esa actividad el 2020 y casi anuló su exploración. Y luego, entre 2022 y 2023 la conflictividad social y el bloqueo de vías, paralizaron muchas minas en el sur.
Si bien ya se han superado esos episodios coyunturales y se ha mantenido un alza sostenida en los precios del cobre y el oro (los principales metales que exporta el Perú), la mayor parte de la cartera de proyectos mineros sigue tan paralizada como antes de la pandemia.
Según coinciden diversos sectores involucrados en esta actividad, el factor común que los tiene paralizados (más allá de la conflictividad social), es la aún no resuelta tramitología que agobia a los empresarios mineros.
Sin fecha de inicio
De acuerdo con la última actualización del Minem, de los 51 proyectos de construcción de minas por US$54,556 millones, el grueso, 31 proyectos por US$39,781 millones aún no tienen fecha de inicio de obras.
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Según la actualización, esos proyectos no han determinado fecha de inicio de ejecución, por factores asociados a decisiones empresariales, asuntos sociales, entre otros, y también, principalmente porque se encuentran en etapas tempranas.
Proyectos
Sin embargo, la misma cartera consigna que varios de los grandes proyectos con fecha por definir, en realidad tienen varios grados de avance, que los ponen incluso a un paso de la etapa de ejecución, pero siguen paralizados.
Tal es el caso por ejemplo de los proyectos Reposición Ferrobamba, de cobre, por US$1,753 millones; o de Rio Blanco, de cobre, US$2,792 millones, que, en ambos casos, cuentan ya con estudios de factibilidad, al igual que Conga, de US$4,800 millones.
Más avanzados que ellos, con estudios de ingeniería de detalle, se encuentran los proyectos Tía María (US$1,400 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$2,500 millones).
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IIMP: Parados por causas ajenas a las empresas
Sobre el tema, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuan, precisó que (de la cartera total de 51 proyectos de minas) existen 23 proyectos valorizados en US$30,000 millones sin ejecutar a la fecha, por causas ajenas a las propias empresas.
La paralización, según refirió, se debe a la excesiva tramitología de las instituciones gubernamentales, pues para impulsarlos, se requiere superar al menos 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones del Estado.
Pérdida para el país
En ese sentido, señaló que el costo de la no ejecución de estas iniciativas entre los años 2008 y 2022, significó pérdidas de S/700 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal.
“Las cifras son abrumadoras. ¿Queremos un país desarrollado? Tenemos estos recursos, el capital humano, la inversión, pero este tema de los permisos es la traba”, insistió.
Añadió que el no desarrollo de estos proyectos también impidió que 1.7 millones de personas adicionales hayan salido de la pobreza en el año 2022.
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¿Y la Ventanilla Única Digital?
Además, si bien el Gobierno asegura que ya está avanzando en la implementación de la Ventanilla Única Digital para la minería (VUD), para la fase de exploración, diversos expertos consultados descartan que se haya logrado destrabar alguno de los numerosos trámites para esa actividad.
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del IIMP, señaló que, en esta etapa la VUD cumple el rol de difundir información acerca de los procesos y requisitos para obtener una licencia de exploración. Lamentablemente, aun no se conoce el cronograma de implementación de las siguientes fases, anotó.
Pero además, observó que los sistemas digitales no son compatibles en diseño y en procesos de aprobación por lo que la solución demanda no solo un esfuerzo en desarrollo de interfases digitales, sino también en la modificación de los procesos administrativos de cada institución involucrada.
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PPU: No se ven efectos positivos aún
Más crítico aún, Rafael Lengua Peña, experto en minería y socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), considera que los avances en la primera fase de la VUD son meramente declarativos.
Recordó que, según el Gobierno, en marzo se completó la primera fase de la VUD, que incluye la articulación con 5 entidades estatales y la integración de 6 procedimientos administrativos priorizados.
No obstante, indicó que ello aún no genera un efecto positivo en la reducción de plazos para la tramitación de los permisos requeridos para la exploración, y tampoco ha llevado a destrabar algún proyecto de ese segmento, pues la VUD aún no se ha implementado.
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La VUD no resolverá la tramitología
Ahora, aún si la VUD se llegase a implementar en el país de manera integral (lo cual está previsto para el 2025) siguiendo las buenas prácticas de la OCDE y con ello se consiguiese reducir los plazos, esto no solucionará el problema de la tramitología en el Perú, sentenció Lengua Peña.
Para reducir el problema de la tramitología y poder captar inversiones se requiere una reforma bastante más agresiva en tres planos, consideró el especialista. Primero, anotó, en el plano normativo se requiere eliminar tramites o requisitos innecesarios, simplificar los procedimientos y aplicar el silencio positivo de manera general (salvo contadas excepciones).
Segundo, se requieren mejoras tecnológicas -como aquella que se espera con la implementación de la VUD- para mejorar la eficiencia y productividad de la administración pública.
Tercero, mencionó, se requiere dotar a las entidades evaluadoras de mayores recursos y de capital humano adecuado para que los tramites sean gestionados de una manera eficiente, dentro de un marco razonable y de confianza y en los tiempos esperados.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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