La OCDE también objetó el incremento de multas por parte del Osiptel, ya que no generan predictibilidad. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)
La OCDE también objetó el incremento de multas por parte del Osiptel, ya que no generan predictibilidad. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (), expresó su preocupación por los proyectos de ley 2151/2011-CR y 3340/2022-CR, que modifican la escala de multas del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones ().

El gremio sostiene que en el periodo 2020-2022 Osiptel ha multiplicado por cinco las multas que impuso en el periodo 2016-2018. Incluso, en un solo expediente se impuso una sanción por S/31 millones.

“Por tanto, no ha requerido un incremento del tope de para elevar su capacidad sancionadora. En la práctica, ha impuesto multas muy por encima del resto de reguladores del país y otros de la región”, alega AFIN.

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En ese marco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos () ha cuestionado el accionar de Osiptel, en materia de sanciones, por no seguir sus recomendaciones al no lograr un cambio conductual y tener un enfoque sancionador en lugar de uno más preventivo, como es tendencia a nivel internacional.

La organización también objetó el incremento de multas, ya que no generan predictibilidad. Un aumento de las multas, como plantean ambos proyectos, agravaría el problema en un contexto en que queremos ser parte de la OCDE”, indicó AFIN.

De acuerdo con el gremio, estos puntos no han sido tomados en cuenta en las comisiones respectivas, en las que, sin el debido debate y análisis técnico, se aprobaron ambos dictámenes, los cuales se encuentran actualmente e en la agenda del pleno.

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Finalmente, destaca que estas iniciativas legislativas perjudican a todos los peruanos porque van en contra de la expansión de la cobertura de servicios de telecomunicaciones, sobre todo en los lugares más remotos del país, que, por sus características geográficas, son los más pasibles de sufrir alguna dificultad que podría generar una sanción, como en el caso de las caídas constantes del

“Un incremento de las multas hasta en un 300% generaría el desvío de recursos para que cerca de 5,700 centros poblados rurales accedan a 4G. Por ello solicitamos una reevaluación de estas propuestas con participación de todos los actores del sector en las comisiones respectivas”, explicó.

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