(Foto: USI)
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La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por los pronunciamientos contra los contratos de concesión y el cobro de tarifas, luego que Línea Amarilla SAC (Lamsac) decidió elevar el precio de sus peajes pese a estar en un proceso de arbitraje con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Mediante un comunicado, indicó que el Perú tiene aún una brecha de infraestructura que bordea los US$ 160,000 millones, que no se podrá cubrir exclusivamente con recursos públicos y que demandará seguir atrayendo inversionistas privados globales de primer nivel.

“Por tanto, es fundamental dar señalas claras de respeto a los contratos y uso de los mecanismos que estos prevén para dirimir cualquier controversia”, anotó.

El gremio empresarial recordó que todo país requiere infraestructura, ya que es fundamental para la productividad y el bienestar de sus habitantes.

Esta infraestructura puede construirse íntegramente como inversión pública y ser financiadas con los ingresos por impuestos que cobra el Estado. Sin embargo, existen otras modalidades para construirla como son las denominadas Asociaciones Público Privadas.

“En éstas, el Estado celebra un contrato con un privado, le exige inversiones, estándares de operación y el mantenimiento; a cambio, le permite al privado cobrar una tasa o tarifa para recuperar esta inversión. Es así como se paga tasas en los aeropuertos, puertos y, en las carreteras, se paga un peaje. Son contratos de largo plazo que son minuciosamente supervisados por los organismos reguladores”, explicó.

La AFIN subrayó que los países compiten por inversionistas que apuesten por hacer inversiones hoy y recuperar en períodos largos.

“Los ganadores en esta competencia por recursos y por inversionistas de primer nivel son aquellos países con marcos institucionales sólidos, con reglas de juego que se respetan y con garantías al inversionista. Si no se ofrece eso, la inversión migra a destinos más seguros o exige rentabilidades oportunistas que no son buenas para el país en cuestión”, advirtió.

En ese sentido, manifestó que lo sucedido en los últimos días en que se ha venido cuestionando los contratos de concesión, los peajes y los mecanismos de reajuste de estos, “no es una señal que apunte en el sentido correcto para promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos”.