Osiptel: Tres operadoras buscan que se declare inaplicable venta de chips en la calle

- ¿Cuáles son los cambios en el consumo de los usuarios de los servicios telecomunicaciones tomando en cuenta el retorno a la presencialidad?

Tuvimos un “salto” (en el uso de las telecomunicaciones) conocido por todos cuando inició la cuarentena. Pero, ahora que estamos de regreso a la presencialidad, ya ese “pico” -que realmente es una anormalidad desde el punto de vista estadístico- del uso de internet, incluso de telefonía móvil y de llamadas, está regresando a niveles prepandemia. Aunque, se ve una tendencia creciente al mayor uso de datos tanto de internet móvil como fijo, vinculada la progresiva disminución del uso de teléfono fijo.

- Osiptel ha advertido los riesgos de comprar chips en la calle. ¿Se ha logrado frenar esta comercialización?

Hemos sancionado a las empresas con más de S/ 20 millones. Las empresas siguen resistiéndose a esta disposición del Osiptel. Nos han denunciado reiteradas veces ante Indecopi por barreras burocráticas. Nos enteramos de que tres empresas han interpuesto acciones de amparo contra Osiptel nuevamente por el tema de los chips ambulatorios.

Detalles: Según comentó Osiptel a Gestión, se trata de una demanda de amparo interpuesta por las empresas operadoras Telefónica, Entel y Bitel para que se declare inaplicable la prohibición de realizar la venta de servicios de telefonía móvil en la vía pública.

El vincular la comercialización de líneas telefónicas a través de canales comerciales que tienen que ver con la informalidad nos parece lamentable. Personalmente me siento defraudado con lo que están haciendo las empresas, apostando por un mecanismo que, además, pone en gravísimo riesgo el curso de la información de los usuarios. Hacer negocio así porque es más barato o porque estamos ahorrando costos operativos o eventualmente comisiones, nos parece lamentable. Seguimos en varios niveles litigando contra las empresas porque se resisten a regresar a los canales formales que es lo que deberíamos tener para la contratación de un servicio público.

- En línea con lo mencionado, se aprobó la entrega a los usuarios de una clave única. ¿Cómo avanza esto?

Lo de la clave única a cada usuario es una medida, pero también hay otras. Recordemos que los problemas que se suscitan con el robo de celulares, el robo de la entidad, involucra varios niveles e instituciones, no solamente a las empresas de telecomunicaciones. La clave es importante, es una medida que también va a contribuir, va a minimizar estos problemas, pero eso implica que las empresas cambien, hagan modificación de sus sistemas. Por eso hicimos dos etapas, la segunda que implica ya entregarle clave a todos los usuarios, no solo los que estén adquiriendo líneas ahora, se va a realizar a partir del 12 de enero del 2023.

Además de la clave, otra medida es que cuando uno va a hacer un cambio, reposición o duplicado de chip, el usuario recibe una notificación de ese trámite a través de correo electrónico o mensaje de texto, para que exista cuatro horas para el usuario titular y pueda reaccionar frente a este trámite.

- ¿Cómo se avanzó con la primera etapa de la clave única que fue en julio?

Como parte de esta primera fase, se vienen entregando claves solo a los nuevos usuarios, pero esta es una porción mínima en contraste con las más de 41 millones de líneas activas que existe en nuestro país. Estamos supervisando los avances y por eso anticipamos que para el 12 de enero deberíamos tener esto implementado.

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- En el Congreso había un proyecto de ley para elevar el monto de las sanciones de Osiptel. ¿Sabe si el Parlamento prevé votar el texto?

Quisiera explicar por qué queremos que se eleven las sanciones. No es solo para estar “igualados” con otros reguladores, sino porque un principio que tiene todo el derecho sancionador, es que la sanción tiene que ser de tal magnitud que genere un incentivo a los administrados, en este caso a las empresas, para no incurrir en comportamientos no deseados, comportamientos ilícitos, o comportamientos que vayan a conspirar contra el bien común. Entonces, en este nivel, nuestro techo es 350 UIT (S/ 1,610,000), pero vemos -por ejemplo- que un caso de discriminación en un establecimiento podría ser sancionado por Indecopi con más de 400 UIT (más de S/ 1,840,000).

Obviamente, cuando estamos hablando de comportamientos que pueden perjudicar a miles o millones de usuarios, es lógico que exista una mayor severidad. No porque queramos castigar, sino porque queremos que existan incentivos realmente importantes que sean materiales para que las empresas no incurran en estas prácticas.

El proyecto está en el Congreso, lo hemos presentado, pero ya es un tema de prioridades en el Parlamento. Sabemos que la agenda política tiene varios temas pero esperamos que el Congreso se acuerde que hablamos de servicios públicos por lo tanto es fundamental hacer caso a este llamado que hace el Osiptel para efectos de incrementar su capacidad sancionadora.

- En busca de medir calidad, Osiptel buscaba usar las apps de los operadores. Pero, en medio de ello, los cuestionamientos estuvieron en alrededor de los riesgos sobre los datos personales. ¿Hay riesgo de fuga de datos?

Nadie es invulnerable a la fuga de datos, porque siempre hay involucradas personas. Hemos tenido numerosos ejemplos de que personas que trabajan para las empresas operadoras han facilitado mecanismos para robar identidad. Nadie puede garantizar que no haya fuga de datos, las empresas operadoras manejan los datos clave que tienen que ver con las comunicaciones. Como usuario, la empresa tiene su nombre, su DNI, su dirección, tienen un cúmulo de datos.

Quienes tienen realmente información sensible en la mano son las empresas operadoras, pero de pronto generamos una discusión irracional respecto al riesgo que Osiptel pueda tener acceso a aspectos que no involucran realmente los temas más delicados de los consumidores, sino más bien cuál es el IMEI o qué plan tiene. Nosotros no tenemos acceso a las conversaciones, lo que se busca es medir calidad. En el fondo, la discusión es, ¿queremos que Osiptel mida la calidad o no?

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- ¿Cuál es el mecanismo exacto que usarán para medir la calidad?

A nivel móvil, apuntaremos al uso de software en los propios aplicativos de los usuarios que tienen cada uno de los operadores. Pero, para ello el usuario tiene que aceptar. A nivel de internet fijo, son sondas embebidas incorporadas en el software del router. Pero para medir calidad tenemos que estar en ese punto. Si se va a maximizar un supuesto riesgo, uso de información personal, de las comunicaciones, eso es crear fantasmas. Acá no se trata de decir: “Osiptel dice que no va a ser hackeado”. Ni Facebook, ni Google, ni ninguna otra empresa de primer nivel tecnológico en el mundo puede decir que no lo van a hackear.

No nos preocupa darle a un desconocido la información del DNI en las ventas ambulatorias, pero nos preocupa que Osiptel recoja información técnica al momento de revisar el uso del servicio de internet. Sinceramente no tiene ningún sentido.

¿Hay algo pendiente para Osiptel vinculado a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)?

La RDNFO es un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Nosotros en la medida que esté operativa, supervisamos y fiscalizamos.

Normativa de cara al 2023

El Presidente del Consejo Directivo de Osiptel, Rafael Muente, comentó a Gestión los cambios en la normativa que alista el regulador. Detalló que se pondrá el foco en actualizar tres reglamentos del regulador: el de calidad, el de cobertura y el de atención a los usuarios.

“Vamos a modificar el reglamento de calidad para actualizarlo y hacerlo compatible con las tecnologías actualmente vigentes. Por otro lado, también está el reglamento de cobertura. ¿Qué está pasando? Las empresas no pueden cumplir con la ley de VMG, y eso implicaría que el Osiptel las tendría que sancionar. Las empresas han retirado la declaración de cobertura que existía en muchos lugares. Eso no implica que no haya servicios. No están retirando infraestructura, simplemente dicen: “Osiptel, yo ya no doy cobertura”. Eso implica que no pueden vender en esos lugares”, comentó.

El problema de fondo -agregó- es que el actual reglamento de cobertura no permite realmente identificar en qué lugares las empresas sí garantiza una buena cobertura y en qué otros lugares no garantizan esa plena cobertura, incluso la cobertura que sea accidental. “Hay que transparentar eso”, subrayó.

Un tercer tema es atención a los usuarios. “Es un tema fundamental que tenemos que modernizar. Sabemos perfectamente cómo ha evolucionado la tecnología. Los medios de atención eran personalizados. Ahora hablamos de medios tecnológicos, uso de bots, páginas web. Tenemos que actualizar el reglamento de atención de los usuarios para que esté de la mano con los usos actuales, y para garantizar que los usuarios tengan una atención dentro de lo que se espera”, finalizó.