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Desde que inició la reactivación económica, la mayoría de las municipalidades del país ha emitido ordenanzas que obstaculizan las actividades de construcción mediante restricciones adicionales a las normas del Gobierno central para la prevención de contagios del nuevo coronavirus, sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
Para dar una idea del alcance de este problema, señaló que más de la mitad de las municipalidades de Lima Metropolitana se toman estas libertades, y una proporción aun mayor de las provincias del interior lo hace.
Antes de la reactivación del sector, que se dio entre mayo y junio, Capeco había planteado que el Gobierno central fijara normas muy claras de prevención que fueran acatadas en todos los niveles de gobierno, pero considera que este objetivo no se cumplió. “Cada municipalidad pone las reglas que cree”, sostiene Valdivia.
“En provincias esto (la imposición de más restricciones) sucede mucho más, porque se está más lejos de la entidad que tiene las competencias, pues la Sunafil no tiene una presencia fuerte en todo el Perú. En el interior estás más desvalido, entonces tienes que aceptar las condiciones que se te dan, pero esto ocasiona una ampliación de los plazos y un incremento de los costos”, agregó.
Por ejemplo, señaló, muchas municipalidades han puesto obstáculos al cumplimiento de una de las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno central, que consiste en el ingreso escalonado de los trabajadores. Este ingreso del personal en diferentes horarios trae como consecuencia una salida en horarios distintos y una ampliación de las horas de actividad en la obra, según indica el director de Capeco.
“Esta medida no es algo que a nosotros se nos acomode, porque siempre es un problema que la gente vaya entrando en horarios distintos, pero entendíamos que se buscaba evitar aglomeraciones en el transporte público. Una obra en vez de terminar a las cinco de la tarde, tenía que terminar a las ocho de la noche. Ha habido municipalidades que las han aceptado y otras que no”, expuso.
Desde su punto de vista, la posición de los alcaldes de estas últimas municipalidades “no tiene ningún sustento ni jurídico ni legal”.
También sostuvo que muchas municipalidades asumen el rol de corroborar el cumplimiento de las medidas de prevención de contagios, a pesar de que estas competencias correspondan a entidades del Gobierno central, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
“Fueron 100 trabajadores para la construcción de una carretera en el interior del país. Antes se les había aplicado una prueba molecular a cada uno y quienes habían dado positivo fueron enviados a sus hogares. Entonces, al lugar solo fueron trabajadores sin coronavirus, pero el alcalde ordenó que todos ellos pasen una cuarentena de 14 días. ¿Quién le paga a este constructor esos 14 días?”, citó como ejemplo.
Acuerdos gobierno a gobierno
Además, el vocero de Capeco cuestionó que el Gobierno central esté recurriendo a los acuerdos gobierno a gobierno para reducir “la ineficiencia en la ejecución de inversión pública”. Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra anunció en julio que un paquete de obras por más S/ 52,000 millones se ejecutarán a través de acuerdos gobierno a gobierno. Entre ellas se encuentran las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y la Carretera Central.
“Estamos en la etapa final de un gobierno y sería inconveniente y muy riesgoso apurar acuerdos de gobierno a gobierno y por un monto tan significativo. Consideramos que no se debe emplear este mecanismo en obras que no requieren innovaciones tecnológicas sustantivas. No pueden convertirse los acuerdos de gobierno a gobierno en un modelo paralelo y permanente de contratación y dejar que una parte sustantiva del presupuesto público se regule con una normativa obsoleta, ineficiente y permeable a la corrupción”, opinó Valdivia.
Destacó asimismo que recurrir a este recurso “es caro”, porque implica pagarle al otro país un 6% del monto de inversión. Por ello, consideró que lo ideal es modificar la forma de contratación de obras públicas en el país.
En este sentido, sostuvo que la Ley de Contrataciones del Estado debe ser reemplazada por una norma completamente distinta, en la que se introduzcan mecanismos cuya eficiencia ha sido probada (BIM, NEC, PMO), para que sean empleados en grandes proyectos.