Redacción Gestión

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Luego de que el Ejecutivo aprobara el (SPP), el ex viceministro de Economía, Carlos Casas, señaló que el reto más ambicioso es obligar a los trabajadores independientes a afiliarse, puesto que demoraría hasta tres años cuantificarlos y fiscalizar sus ingresos.

El primer paso –aclaró Casas– sería recopilar la información para sustentar la obligatoriedad de la norma: armar un padrón de trabajadores independientes e identificar dónde están laborando para decirles que ahora deben afiliarse sí o sí a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

El segundo paso, sería sistematizar esa información y saber verdaderamente cuánto es el monto de ingresos, porque puede ocurrir que declaren un sueldo menor y coticen en base a un error. "Entonces, hay que contar con un buen sistema de seguimiento, y después diseñar mecanismos que permitan controlar efectivamente eso", recomendó.

"Eso va a tomar un buen tiempo. Yo creo que recopilar información de los independientes justamente va a tomar, por los menos, unos dos o tres años", agregó el también profesor de Economía de la Universidad Pacífico. Dio como ejemplo el , que el Estado recibió dinero sin saber quiénes eran los aportantes.

En ese sentido, la gran traba es la alta informalidad existente en el país, lo que lleva a considerar el costo y beneficio del proyecto de ley. Para Casas, la inserción de los independientes podría encarecer la mano de obra y generar más informalidad; pero, por otro lado, aseguraría para estos trabajadores una mejor calidad de vida en el futuro, lo que en buena cuenta sería un menor costo para el Estado.

Comisión por saldoEn cuanto al anuncio del Ejecutivo de que la reforma del SPP permitirá reducir las comisiones de las AFP hasta en un 40%, Casas sostuvo que sí es posible una reducción, pero llegar a esa cifra dependerá de la estructura de costos de las AFP.

El proyecto de ley también propone la migración de una comisión por flujo a una comisión por saldo. Es decir: las AFP dejarían de cobrar un porcentaje fijo del sueldo de los afiliados y pasaría a cobrar un monto de acuerdo al incremento de los fondos individuales.

"El objetivo del afiliado es que su fondo crezca para poder tener una pensión que le permita vivir en el futuro, pero el incentivo de la AFP no necesariamente era ese, porque cobraba una comisión que era por el flujo de ingresos", explicó.

"Ahora la idea es que confluyan ambos intereses, y que la AFP esté cada vez más interesada en hacer crecer el fondo, porque si lo hace crecer cobrará una tasa mayor", precisó.

Casas argumentó que estas nuevas condiciones generaría un trabajo más activo de las AFP, que tendrán ahora que buscar más inversiones a largo plazo con alto retorno para aumentar la rentabilidad de los fondos de los afiliados, puesto que con el modelo anterior había una "administración un poco laxa".

Sin embargo, sostuvo que debería existir una comisión mínima y una comisión variable para evitar trasladar todo el riesgo a las AFP en caso de un shock externo o negativo. No precisó mayor alcance, porque aún está pendiente analizar el proyecto de ley que el Congreso aún no publica en su página web; sin embargo, dijo lo siguiente:

"Debería haber como una especie de piso que permita cubrir los costos mínimos de la AFP. Digamos que si se reducen los fondos porque caen sus acciones, la AFP no se vea perjudicada, no se le traslade todo el riesgo. En ese caso, la comisión variable se puede reducir, pero siempre con un piso", afirmó.

LicitaciónRespecto a la licitación de los nuevos afiliados, indicó que las críticas están del lado de restringir la libertad de elección de las personas ingresantes, puesto que serán ubicadas en la AFP que ofrezca la menor comisión.

"Lo que tengo entendido es que no va a afectar al stock, sino al flujo: a los nuevos afiliados. Pero, obviamente, lo que ocurrirá es que si a los nuevos se le está dando una comisión menor, yo como afiliado podría pedir que se me traslade eso. Porque la idea no es que los que ya estamos subsidiemos a los nuevos", advirtió.