La presa. Palo Redondo irrigaría unas 40,000 hectáreas. (Foto: USI)
La presa. Palo Redondo irrigaría unas 40,000 hectáreas. (Foto: USI)

Otra de las obras emblemáticas, que forman parte de las priorizadas por el gobierno de Martín Vizcarra es la tercera etapa del proyecto de irrigación , ubicado en la región de La Libertad.

Este proyecto -a cargo de la concesionaria, conformada por las constructoras Odebrecht y Graña y Montero- se encuentra parada desde noviembre del 2016 pese a los esfuerzos por destrabarla.  No obstante, bajo el amparo de una nueva autoridad regional, desde el Gobierno se proyecta que "a más tardar" hacia el segundo trimestre del año se reactivará esta infraestructura.

“Este martes (ayer) me reuní con el gobernador regional (Manuel Llempén) para evaluar (la situación de) y en breve tomé una decisión (sobre si aceptar o desechar la propuesta de la concesionaria). Espero que hacia el primer trimestre o más tardar el segundo trimestre se tome una decisión (para destrabar el proyecto)”, comentó el ministro de Agricultura y Riego, , a Gestión.pe.

En ese contexto, el titular de Agricultura señaló que está a favor de la propuesta planteada por la concesionaria, que implica que está continúe la presa Palo Redondo “en el más corto tiempo posible” la misma que conllevaría al desistimiento del arbitraje iniciado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y su salida del proyecto.

No obstante, aclaró que la última palabra -respecto al rumbo de - la tendrá la autoridad regional.

“La propia empresa alcanzó una propuesta que comprende concluir la presa de Palo Redondo y retirarse del proyecto, particularmente considero que a fin de dar una salida a este problema, podemos proponerle al gobierno regional que (la empresa) concluya el proyecto y efectivamente que se vaya, pero una vez que acabe la obra. Y desde el Gobierno Nacional hacer todos los esfuerzos -a través de seguimientos- para que los recursos sean los justos, y que no exista  una situación de desconfianza”, explicó.

Recordó, que el otro camino que se esboza es que se resuelva el contrato y se asuma el costo lo que "sería muy alto" dado que retrasaría un año, por lo menos, el destrabe de la obra. En ese contexto, Mostajo precisó que se le alcanzará a la autoridad regional una opinión técnica sobre la mejor alternativa para destrabar la tercera etapa de .

“Le vamos a alcanzar nuestra opinión a fin de que pueda tomar una decisión informada. Le vamos a dar todos los argumentos técnicos de los pro y contra de las alternativas planteadas ya que nos interesa resolver este tema cuánto antes”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que el Ejecutivo está comprometido en sacar adelante , que permitirá incorporar 30,000 hectáreas y 40,000 puestos de trabajo de manera inmediata a la conclusión de la presa Palo Redondo.

También contribuirá a generar 48 megavatios de energía eléctrica para el interconectado (a nivel nacional),  asegurará el recurso hídrico en las tres etapas del proyecto y contribuirá a potenciar cultivos dedicados principalmente a la agroexportación como uva, mango, palta, arándano, espárrago, entre otros.

Ajuste por inflación

Como se recuerda, hasta diciembre del año pasado -bajo la gestión de Luis Valdez- no se pudo llegar a un acuerdo con la concesionaria dado que la empresa solicitaba, luego que se aceptará su propuesta de concluir la presa, desistir del arbitraje y retirarse del proyecto; la aplicación de la fórmula polinómica de la inflación incluido en el contrato.

“El contrato tiene un mecanismo de indexación de precios por inflación. Simplemente han pasado dos años de paralización y los precios de los insumos han subido, al igual que de la mano de obra, del acero, del combustible, entre otros, entonces el presupuesto original –que estaba a precios del 2014– tiene que actualizarse por inflación, de acuerdo al propio contrato”, explicaron a Gestión.pe fuentes cercanas a la operación, en diciembre del 2018.

Al ser consultado sobre este requerimiento, el ministro de Agricultura opinó "que ello está permitido". "Lo que tenemos que hacer es apoyar (al Gobierno Regional de La Libertad) para que los técnicos evalúen  qué necesita", puntualizó.

Cifras y datos

- En agosto del 2018, fuentes bancarias indicaron a este diario que si se optaba por la salida de que el concesionario termine la presa, esta se haría con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones. A lo que sumaría las garantías bancarias vigentes, de acuerdo al contrato de concesión, específicamente de la carta fianza de fiel cumplimiento, por más de US$ 36 millones, que presentó la firma para llevar adelante el proyecto.

- A lo que se sumaría, las cuentas por cobrar al Gobierno, por cerca de US$ 20 millones, por obras que ya se han concluido, pero que no se han podido pagar debido a que no se contaba con los terrenos.

- Las otras propuestas que se barajaban para reiniciar las obras -el año pasado- era la venta de la concesión, pero está no prospero ante la ausencia de un comprador. La otra era la caducidad del contrato por mutuo acuerdo, pero tampoco llegó a buen puerto dado que las partes (tanto el Gobierno Regional de La Libertad como la concesionaria Chavimochic) no se pusieron de acuerdo en la razones de la anulación del contrato.