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Chile apuesta a su estatus como un ejemplo modelo a favor del mercado a medida que el gobierno descarta planes para reducir la deuda a favor de, al menos, US$ 1,500 millones por año en gastos sociales adicionales para apaciguar a los manifestantes.
En medio de violentas manifestaciones que llegan a un segundo mes, los funcionarios ahora planean un objetivo de déficit fiscal más amplio para el 2020 que podría elevarse aún más en los próximos años, mientras la ciudadanía exige pensiones y salarios más generosos, así como una nueva constitución. Dicha medida podría impulsar nuevos aumentos en la deuda pública que ya se incrementó al 26% del PBI frente al 5.2% registrado en 2008.
Está en juego no solo la paz social, sino también la reputación de la prudencia fiscal de Chile que le ha valido la calificación de deuda soberana más alta de América Latina, a la par de China e Israel. Si bien el gobierno cuenta con cierto margen para aumentar el gasto con el fin de evitar más disturbios, el presidente Sebastián Piñera ha intentado resistir la presión por implementar soluciones populistas y afirmó a los periodistas la semana pasada que no caerá “en la tentación de la demagogia y el populismo” y que garantizará que la economía tenga “bases sólidas”.
Sin embargo, el gobierno ha tenido pocas opciones además de incrementar el gasto público. En uno de sus primeros anuncios después de asumir como ministro de Hacienda el mes pasado, Ignacio Briones aumentó el objetivo de déficit fiscal de este año al 2.9% del producto interno bruto, frente al 2% anterior. Recién el martes, los funcionarios dijeron que presentarán un plan de reconstrucción económica para abordar la destrucción provocada tras semanas de saqueos.
“Lo que el gobierno ha anunciado como nuevo gasto es solo el punto de partida”, dijo Felipe Alarcón, economista de la firma de servicios financieros EuroAmerica. “No tenemos una última palabra sobre cuánto costarán las medidas”.
Días lluviosos
Algunos economistas señalan las reservas de ahorros de Chile como evidencia de que puede capear la tormenta. Sus dos fondos soberanos de riqueza, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), cuentan con más de US$ 20,000 millones en activos, y el gobierno ha dicho que planea usar US$ 2,400 millones del FEES para financiar el gasto social.
También hay evidencia de que los impuestos cuentan con un margen para subir. Chile recaudó el 20% del PBI en ingresos fiscales en el 2017 frente a un promedio del 34% para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Solo México recauda menos, un 16%. Francia es el país que más recauda, con un 46%.
“Cualquier aumento en el gasto tendrá que ser compensado”, dijo Sebastián Díaz, economista de Pacifico Research. “Eso implica más impuestos”.
Calificaciones crediticias
Las compañías de calificación crediticia no manifiestan preocupación, por ahora. Para Fitch Ratings Inc., el gobierno ha sido pragmático en su anuncio de nuevos impuestos y el uso de fondos soberanos.
“Esperamos que la deuda del gobierno de Chile aumente gradualmente desde los niveles actuales, pero que permanezca muy por debajo de la mediana ‘A’ del 48% del PBI”, dijo Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch.
En tanto, la decisión de Moody’s Investors Service del año pasado de rebajar su calificación de Chile se basó, en parte, por la presión en materia de gastos. “Uno de nuestros argumentos fue que las demandas sociales de mayor gasto y servicios públicos presionarían las finanzas públicas y dificultarían al gobierno implementar la consolidación fiscal como habían anunciado”, dijo la analista Ariane Ortiz-Bollin.
Ni Fitch ni Moody’s especificaron una cifra de déficit fiscal que pudiera generar nuevas rebajas, argumentando que los cambios en las calificaciones tienen en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, China tiene la misma calificación crediticia que Chile, pero su relación entre la deuda y el PBI es del 37%, en comparación con el 61% de Israel, dijo Ortiz-Bollin de Moody’s.
Mientras las protestas continúen y Piñera se enfrente a una oposición política envalentonada, un mayor gasto podría ser la única solución, dijo Alejandro Fernández, economista de Gemines Consultores. Dijo que Chile tiene espacio para ampliar su déficit fiscal al 3.5% del PBI, siempre y cuando se elabore un plan para volver a alinear ese número a mediano y largo plazo.
“La gente puede tener la idea de que Chile se está soltando el pelo y convirtiéndose en la próxima Argentina”, dijo. “Pero creo que esa es la única forma de evitar un colapso”.