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La Asociación de colegios privados del Callao, que agrupa a unas 40 instituciones, presentó una acción de amparo contra el Decreto Legislativo 1476, emitido por Gobierno, la cual establece la obligación de los colegios privados de informar sobre sus estructuras de costos.
El abogado de dicha asociación, Miguel Ferreyros, indicó que con esta acción de amparo se busca suspender los efectos de la norma publicada en mayo pasado, pues consideró que atenta contra la libertad de empresa y la reserva tributaria.
Según dijo, en el artículo 5 del citado DL se exige a los colegios privados que informen a los usuarios en plazo de 7 días, contabilizados desde la publicación de la norma, los costos de cada una de las prestaciones incluida el pago de cuota de matrícula, montos de impuesto a la renta y impuesto predial, los cuales son conceptos que pueden brindarse de manera presencial.
“Eso es una amenaza al capítulo 58 de la Constitución en el régimen económico, referido al derecho a la intimidad en su vertiente de la reserva tributaria”, dijo Ferreyros en diálogo con RPP.
El abogado indicó que el Gobierno no se ha acercado en ningún momento a los colegios y menos aun a los padres de familia. De manera contraria, dijo que se está desincentivando la actividad privada y se está incentivando los conflictos entre los padres de familia y colegios.
“En vez de propiciar, impulsar y colaborar con los colegios para que las clases y las plataformas virtuales tengan una mejor conexión y trasmisión a la hora de mejorar la calidad educativa, han hecho todo lo contrario. Han utilizado mecanismo jurídicos inaplicables”, sostuvo.
Es preciso mencionar que el martes 12 de mayo venció el plazo para que los 15,000 colegios privados transparenten sus costos a los padres de familia, con miras a llegar a un acuerdo y así alcanzar la reducción de las pensiones durante el estado de emergencia.