ComexPerú: Decisión del gobierno sobre contratos de Tullow pone en riesgo a toda la economía

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) lamentó la derogación de los decretos supremos que aprobaban los contratos de exploración y explotación de petróleo en cinco lotes en el norte del Perú con la empresa Tullow Oil, ya que lejos de promover un ambiente favorable para las inversiones, el Poder Ejecutivo toma decisiones que ponen en riesgo a toda la economía.

“Esto atenta contra la seguridad jurídica del país y genera incertidumbre y da una mala señal a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros”, mencionó, coincidiendo así con la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La gerente general de ComexPerú, Jessica Luna, consideró que el Ejecutivo actuó de una manera irresponsable al derogar los decretos supremos que aprobaron los contratos de exploración y explotación, bajo el pretexto de introducir procedimientos de participación ciudadana en la toma de decisiones para la ejecución de inversiones en el sector hidrocarburos.

“Así dan una pésima señal a los inversionistas locales y extranjeros”, advirtió.

Asimismo, señaló que la derogación de dichas disposiciones no tienen sustento alguno, puesto que habían sido aprobadas en las etapas que establece la ley: evaluación y calificación de la empresa, aprobación en el directorio de Perupetro; así como evaluación y aprobación del mismo Ministerio de Energía y Minas (MEM) que ahora las derogó.

Luna apuntó que la negociación directa es una modalidad reconocida por la Ley Orgánica de Hidrocarburos y aplicada por Perupetro desde 1994 y no únicamente en la negociación de los referidos contratos.

“Las negociaciones directas constituyen una herramienta para atraer flujos de inversión, más aun si se tiene en cuenta que la inversión del sector, principalmente en exploración, viene cayendo sostenidamente: pasó de US$ 947 millones en el 2012 a unos US$ 17 millones el 2017, lo que ha causado una caída en la recaudación y las regalías para el Estado, así como de los ingresos por canon para las regiones, recursos que podrían financiar proyectos para reducir las brechas en sectores como educación, salud e infraestructura”, enfatizó.

Asimismo, sostuvo que de acuerdo con Perupetro, se realizaron 27 talleres con las autoridades locales y la población durante la negociación, independientemente de las reuniones que el mismo MEM tuvo con los pescadores artesanales para abordar sus preocupaciones.

“Afirmar que no se han utilizado mecanismos de participación ciudadana es exponer irresponsablemente al país a más conflictos sociales innecesarios”, puntualizó Luna.

“Decisiones como las que acaba de tomar el Ejecutivo, muy aparte de las contingencias legales que acarrearían para el Perú, están dando señales que desalientan la atracción de inversiones hacia nuestro país, lo cual hace más atractivos a países, como por ejemplo Colombia, que ya ofrece mejores condiciones en el sector. El Ejecutivo no puede retroceder por amenazas a protestas sociales cuando se han cumplido todos los procesos de acuerdo con la ley, incluidos aquellos sobre participación ciudadana y medio ambiente. Ya el día de hoy está circulando la noticia de que un grupo de organizaciones indígenas estarían cuestionando el concesionado proyecto de la Hidrovía Amazónica, por no cumplir, según su punto de vista, con el proceso de consulta. ¿Acaso pasará lo mismo que con los contratos petroleros derogados?”, finalizó Jessica Luna.