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El atractivo para desarrollar nuevos proyectos mineros ha perdido bastante brillo en los últimos años, ante la fuerte caída del precio de los metales, pero también por el surgimiento de conflictos socio ambientales que representan un sobre costo adicional para las empresas.
Un estudio realizado por The Centre for Social Responsibility in Mining (CSRM) y Harvard Kennedy School reveló que los conflictos sociales pueden llegar a representar un costo de US$ 20 millones a la semana para proyectos mineros de entre US$ 3,000 millones y US$ 5,000 millones.
El informe analiza 50 casos de conflictos en el mundo, y demuestra que los costos de estos fenómenos para las empresas del sector extractivo son significativos. Incluso, en Perú han logrado paralizar el millonario proyecto Conga de Buenaventura y Tía María de Southern Copper.
El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales considera que para el caso peruano sí se podría hablar de sobrecostos de alrededor de US$ 20 millones por semana, pero para proyectos de envergadura en operación.
"Eso sí es un costo bárbaro tiene que pagar personal, consumos, tienes que producir, las minas que son subterráneas necesitan tener las bombas prendidas para sacar el agua, es todo un proceso", detalló.
Pero en el caso de los proyectos, tipo Conga, es más difícil cuantificar los costos que ocasionan a las mineras, dado que aún no hay una operación. "En el caso de Conga se ha perdido US$ 1,500 millones en total, pero no se pierde más porque se paró y punto".
Un análisis de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero del 2011 y diciembre de 2014 revela que 153 de un total de 539 controversias, es decir el 28.36%, guarda relación con el manejo de los recursos hídricos.
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El estudio estadounidense detalla que los temas ambientales son comunes para precipitar el conflicto, seguidos por la contaminación y el acceso o competencia por los recursos ambientales.
Sin embargo, indica que uno de los problemas que más afectan la naturaleza y robustez de la relación entre las partes son las cuestiones socioeconómicas, en particular la distribución de los beneficios del proyecto, los cambios en la cultura y las costumbres locales, y la calidad de los procesos de participación y consulta, además de la comunicación de todo lo relacionado con la iniciativa.