(Foto: El Peruano)
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Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto, el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, reiteró -sobre las proyecciones del MEF y el presupuesto para el 2023- que podría haber riesgo de incumplir las reglas fiscales. Incluso enumeró seis hechos que podrían incrementar el gasto público próximo año y que no han sido considerados en las proyecciones del MEF.

“La pregunta de fondo que nos hacemos en el Consejo Fiscal es qué tan creíble es la senda de gasto planteado. Vemos que hay muchísima presión por aumentar el gasto. Siempre ha habido presión para aumentar el gasto (público) y es papel del MEF tratar de controlarlo, pero en esta ocasión podemos ver que hay algunos temas que están presionando ya sobre el gasto y algunos de estos temas, no lo hemos encontrado en las proyecciones del MEF”, mencionó.

Entre los hechos que están presionando sobre el gasto se encuentra -agregó- la devolución de aportes del Fonavi que va demandar un gasto fiscal de S/ 42,000 millones aproximadamente que es cerca del 4% del PBI. “Sabemos que hay una demanda en el TC que va a seguir su curso, pero mientras tanto la ley seguirá vigente. Esta es una demanda por el gasto”.

La segunda presión para gastar más es por el pago de bonificación por preparación de clases sin la exigencia de sentencia judicial.

Al respecto, desde el Consejo Fiscal -recordó Oliva- también han emitido una opinión y podría significar un costo fiscal de S/ 42,000 millones. “Este gasto -a diferencias de las anteriores- si ha sido incluido en la Ley de Presupuesto del 2023: cerca de S/ 2,200 millones”.

La tercera presión -dijo Oliva- son las ofertas desde el Ejecutivo de aumentos remunerativos a los profesores cuyo costo fiscal ascendería a los S/ 8,000 millones. Cabe recordar que el presidente Pedro Castillo anunció una política remunerativa a fin de llegar a un piso salarial correspondiente a una UIT para la primera escala magisterial.

La cuarta es el aumento de Pensión 65 -que ha sido anunciado también por el presidente y que se trata de un incremento de las transferencias a los beneficiados de S/ 250 a S/ 400 así como la reducción de la edad mínima a 60 años- cuyo costo fiscal de esta reforma es S/ 755 millones.

En la ley del presupuesto del próximo año no se está poniendo estos S/ 150 (de aumento) sino S/ 50, en todo caso hay una presión por ahí”.

Las últimas presiones sobre el gasto están relacionadas a las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial que es deficitaria por lo que todos los años desde el Gobierno se debe cubrir. “La última transferencia del año pasado fueron S/ 2,400 millones para cubrir el déficit”, añadió

Así como la continuidad de los contratos CAS COVID que demandará un costo fiscal de S/ 2,200 millones.

El gran reto (para el MEF) será cómo contener estas demandas y otras. El deseo de nosotros es que se pueda cumplir, pero también sabemos que es difícil poder contenerlas. Ya que si uno se desvía podría generar que no se cumpla la regla fiscal y que podría afectar nuestra calificación”, puntualizó.