(Foto: Pixabay)
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La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el Código Protección y Defensa del Consumidor con el fin de hacer efectiva la desvinculación de contratos de servicios públicos en un plazo de 48 horas.

La iniciativa establece que los consumidores tienen derecho a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios que utilizaron para contratar el servicio para solicitar la desvinculación contractual, así como también prestaciones adicionales o complementarias, presentación de reclamos o quejas.

Tales mecanismos son: todos los puntos de venta sean propios o administrados por terceros, los centros de atención al cliente, vía telefónica, vía Internet, vía mensaje de texto a teléfonos móviles y cualquier otro medio físico electrónico o análogo que se utilice para la contratación del servicio.

Según el documento aprobado, la decisión del consumidor de poner fin al contrato no requiere justificación, pero debe ser comunicada de manera inequívoca y empleando cualquier medio que genere certeza de su fecha.

La iniciativa legal señala que la vulneración de estas disposiciones constituye una infracción administrativa sancionable por el Indecopi u organismo regulador competente en cada mercado.

La desvinculación contractual se realizará sin ningún tipo de sanción o carga onerosa o desproporcionada, tales como pérdida de cantidades abonadas por adelantado o el cobro por servicios que no hayan sido prestados.

Problemática

El dictamen aprobado señala que este cambio normativo busca solucionar el problema de la demora por parte de las empresas para la cancelación de servicios solicitados por los consumidores.

Refiere que, generalmente, las empresas proveedoras ponen al alcance de los consumidores herramientas que hacen simple y ágil el contratar sus servicios, como hacer un “sencillo clic” en el ordenador o una respuesta afirmativa a través de una llamada telefónica.

Sin embargo, continúa, para finalizar la prestación del servicio, estas mismas empresas requieren que el consumidor les refiera los motivos por los cuales no desea continuar con el contrato o que se llene un formulario de encuesta.

Luego de ello les otorgan un plazo durante el cual se procesa la información previa a ser aceptada la solicitud, para posteriormente poder ejecutar y/o hacer efectiva la finalización del contrato de consumo