(Foto: Difusión)
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Luego que el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) llevara a cabo el 11 de diciembre pasado un , el alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, se mostró en contra de estos remates.

Muñoz explicó que este desacuerdo fue expresado al jefe del SAT, Miguel Filadelfo Roa, quien le respondió que este proceso es una obligación impuesta por la Contraloría de la República.

“No estoy de acuerdo con estos remates y se lo he hecho saber al jefe del SAT. Este, en más de una oportunidad me ha dicho que tiene obligaciones que la Contraloría le ha impuesto. Hay un oficio del órgano de control institucional que obliga a hacer esos remates. Personalmente, me decepciona una cosa de esa naturaleza. Hay una serie de informes que lo obligan y lo que he pedido es que busquemos otros mecanismos para que no puedan seguir saliendo chatarra a las calles, pero lamentablemente la legislación sigue en esa línea y los órganos de control empujan a que esto se desarrolle”, precisó Muñoz en Canal N aquel 11 de diciembre.

Frente a ello, la Contraloría precisó que el Informe de Control Específico N° 030-2019-2-4241-SCE respecto a un remate, analiza la suspensión del remate de vehículos programado del 6 a 8 de agosto de este año a pesar que ya se habían destinado recursos públicos por un valor de S/ 348,938.39.

“El Informe de control que es de carácter público y está disponible en el portal institucional de la Contraloría, en ninguna parte señala o dispone la obligatoriedad de rematar vehículos con una antigüedad mayor a 20 años”, afirmó el órgano de control en un comunicado.

Perjuicio por cerca de S/ 320,000

Gestión.pe accedió al informe de la Contraloría realizado entre el 25 de marzo y 19 setiembre de 2019, el cual revela que para el remate programado del 6 al 8 de agosto se destinaron S/ 348,938.39 orientados para gastos de publicación del edicto, servicios de limpieza de vehículos, servicio de certificado de peritaje y la publicidad en banderolas.

Aún así se decidió suspender dicho remate, lo que generó un perjuicio de S/ 319,628.39 y compromisos de pago por S/ 29,310,000.

Por ejemplo, se detalla que para este remate se compró 110 banderolas por el costo unitario de S/ 99, por lo que el importe total ascendió a S/ 10,890, y si bien se emitió una conformidad de pago para ese entonces, hasta la fecha de emisión del informe de la Contraloría dicho pago estaba pendiente.

Era un proyecto de ley

¿Por qué se decidió suspender el remate vehicular de agosto de este año cuando ya se había asignado los recursos?

El informe de la Contraloría revela que Juan Manuel Caciano Jares, gerente de Ejecución Coactiva del SAT recomendó a Godofredo Daniel Sheron Cabezas, gerente central de Operaciones, suspender el remate vehicular basándose en el Acuerdo de Consejo Municipal N° 277, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene como una iniciativa legislativa el proyecto de ley denominado “Ley que modifica los artículos 16,17 y numeral 23.3 del artículo 23 e incorpora el artículo 21 - A a la Lay del Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979”, que indica lo siguiente:

“Luego de haberse publicado la convocatoria a remate de 615 vehículos, se ha constado que se cuenta con 333 unidades con una antigüedad mayor a 20 años, lo cual representa un 54%, que podría contravenir a la política de la Municipalidad Metropolitana de Lima según lo estipulado en el Acuerdo de Consejo N° 277”.

Así, en base a esta propuesta legislativa, Sheron traslada la recomendación de la suspensión del remate al jefe del SAT, Miguel Filadelfo Roa, quien finalmente firma una resolución que suspende el remate de vehículos programado del 6 al 8 de agosto pasado.

Ante ello, el órgano de control indicó que Caciano recomendó la suspensión del remate en base a un proyecto de ley, “lo que no constituye una norma del ordenamiento jurídico y que además propone la no aplicación de disposiciones sobre remate de vehículos con una antigüedad menor a lo citado”.

De este modo la Contraloría recomendó al Procurador Público de la Municipalidad Metropolitana de Lima dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el informe de control.

Los tres funcionarios figuran en el informe de control posterior N° 030-2019-2-4241 por presunta responsabilidad civil y administrativa, y a la fecha continúan laborando en el SAT, según su