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La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 9′983,515 en contra del Estado debido a la demora, inacción, omisión de funciones y falta de supervisión de funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Se trata de procesos de ejecución coactiva (cobro de la deuda exigible) de multas impuestas a diversas empresas privadas por infracciones a la normativa ambiental, durante el período 2016 - 2019.
De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento 005-2022-2-5684-AC, que comprende el período del 3 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2019, el accionar de los involucrados ocasionó la prescripción de la exigibilidad de la multa (en algunos casos en 2019, 2020 y 2021) y con ello, la imposibilidad del cobro del importe impuesto a varias empresas.
Por este caso, se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 11 personas, cinco de las cuales continúan laborando en el OEFA, que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente.
Los resultados del informe fueron remitidos a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para que inicie las acciones legales contra los funcionarios involucrados en el caso; y al titular de la OEFA para que disponga el inicio del proceso para deslindar las responsabilidades administrativas.
Hallazgos
En uno de los casos, la comisión de control evidenció que en 2016 se produjo la suspensión indebida de los procesos de ejecución coactiva iniciado a una compañía minera, lo que devino en su prescripción por el plazo trascurrido. De esta manera se evitó el cobro de multas por S/ 5′035,145.20
“La situación se originó por el accionar intencionado y voluntario del ejecutor y auxiliar coactivo de suspender el referido proceso y por la falta de supervisión de la jefa de la Oficina de Administración”, detallan.
De la misma manera, el proceso de ejecución coactiva a una empresa (2018) se evidenció demora e inacción prolongada, por lo que no se logró cobrar el importe de S/ 849,900.59 en perjuicio del Estado.
En otro caso, funcionarios de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos no cumplieron con tramitar oportunamente 9 resoluciones directorales emitidas en 2013 y 2014 sobre imposición de multas para su cobranza coactiva, causando un perjuicio económico por S/ 228,867.53
Otro caso se refiere a la demora e inacción prolongada por más de 2 años de funcionarios para el inicio y continuación del procedimiento de ejecución coactiva iniciado a diversos obligados, ocasionó la prescripción de la exigibilidad de la multa (en 2019, 2020 y 2021) y, en consecuencia, la imposibilidad del cobro por S/ 3′869,602.30.