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La Contraloría General de la República presentó los resultados de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado para este año por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la entidad de control. Así, los datos indican que la incidencia de la corrupción en el Estado al cierre del 2023 fue de 12.7%, del presupuesto devengado del año mencionado, a nivel nacional. ¿Qué significa?
El contralor Nelson Shack precisó que el perjuicio generado asciende a S/ 24,268 millones. De ese total y por tipo de gasto, el mayor daño se registró en las inversiones del Estado, con una incidencia de 17.5%, alcanzando los S/ 8,963 millones comprometidos.
Shack recalcó que con esos resultados, la incidencia de la corrupción en el Estado ha caído desde el 2019, cuando se realizó la primera medición de este indicador.
“En ese año representaba el 14.9%, se perdían 3 puntos del PBI. Hay una tendencia decreciente indiscutible, pero la velocidad es muy reducida”, acotó el funcionario. Para reducir aún más la presencia de la corrupción en las operaciones del Estado, la Contraloría tiene planificado realizar 50 mil servicios de control este 2024, triplicando la cantidad realizada el año pasado: 14,400.
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Metas de gestión
Como parte de sus labores este 2024, la Contraloría finalizará seis operativos de control por área temática. Tres de ellos acabarían antes de que finalice el primer semestre de este año.
El primero de ellos estará enfocado en seguridad ciudadana y alcanzará a más de 1,400 entidades del Estado, entre el Ministerio del Interior (Mininter), comisarías, escuelas de la Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales y locales.
El objetivo primordial será determinar si el Mininter está ejecutando las acciones pertinentes en relación a la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; aparte de la asistencia técnica que debe brindar a los comités regionales y locales de seguridad ciudadana.
Este último operativo debería culminar en abril, al igual que otro que estará enfocado en la discapacidad e inclusión social, a partir de la fiscalización a 1,800 entidades públicas.
La Contraloría se encuentra verificando que las entidades públicas cumplan la normativa vigente respecto al Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Así, están comprobando que el presupuesto invertido garantice el incremento del empleo, educación, transporte y la dotación de material educativo para estudiantes con discapacidad visual.
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A finales de marzo la entidad de control culminará también el operativo de control “Buen Inicio del Año Escolar 2024″, que involucra a 395 instituciones educativas de educación básica regular del nivel primaria y secundaria.
En octubre, la Contraloría finalizará dos operativos de control más. El primero de ellos está enfocado en 9 espacios culturales en 7 departamentos del país y está focalizado en las acciones emprendidas en el Ministerio de Cultura (Mincul).
Según comentó el contralor Nelson Shack, la justificación de este último operativo nació con la controversia generada en torno a la venta online de boletos para acceder a Machu Picchu a través del portal boleto.cultura.pe, que administra la ticketera Joinnus.
Aparte de la maravilla del mundo, la Contraloría fiscalizará los planes que el Mincul viene ejecutando para atractivos como Kuélap, Chan Chan, las Líneas de Nazca, entre otros.
En octubre la entidad también culminará el operativo de control “Deporte para todos”, que realizará acciones en 200 inmuebles bajo la administración del Instituto Nacional del Deporte (IPD), con la misión de conocer cuál es el estado de estos bienes.
Además, este proyecto implica la supervisión de la correcta asignación de las subvenciones económicas que brinda el IPD en favor de las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú en 2022 y 2023. El año pasado estas ascendieron a S/ 12,894,276.
Finalmente, la Contraloría arrancará en marzo un operativo de control en torno a las consultorías del Estado, que revisará la adquisición de este tipo de servicios en 3,040 entidades públicas hasta diciembre.
“En 2023, casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones se hizo a dedo. Se gastaron más de S/ 19,300 millones en 3.7 millones contrataciones menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es una barbaridad. Ya tenemos esos documentos, ahora queremos verificar los entregables”, aseguró Shack.
Como parte de su política de transparencia, la Contraloría ha estrenado el portal “https://consultaconsultorias.contraloria.gob.pe”, donde se pueden revisar todos los detalles de las consultorías contratadas en el Estado. Sin embargo, Shack indicó que no todas las entidades públicas vienen cumpliendo con subir los documentos requeridos para este sistema.
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Corrupción desagregada
De los S/ 24,268 millones de perjuicio por corrupción en 2023, el menor porcentaje se lo lleva el gobierno nacional, con una incidencia de 11.3% y S/ 11,992 millones comprometidos.
Le sigue el gobierno local, con una incidencia de 13.1% y S/ 4,660 millones afectados. El nivel de gobierno con mayor incidencia de la corrupción, según la Contraloría, es el regional con 15.4%. Según el ente de control S/ 7,615 millones, el 31% de su presupuesto total, se vio afectado por la corrupción en 2023.
Los resultados de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional también incluye un ranking por tasa de incidencia del perjuicio generado por territorio, escala que incluye a todas las entidades de gobierno de un departamento.
Según la Contraloría el porcentaje más alto se encuentra en el Callao, con 17.9%. Le siguen con tasas cercanas Tumbes (17.5%) y Ucayali (16.5%). Cierran el podio de los primeros cinco puestos Piura y Áncash con el mismo porcentaje: 16.2%.
Aparte de ello, la entidad de control calculó el perjuicio extrapolado por territorio. Los resultados aquí son diferentes. Piura es el departamento donde hubo mayor cantidad de dinero comprometido por corrupción en 2023: S/ 1,501 millones.
Aparte de la región del Norte, hay otras cuatro que superan los S/ 1,000 millones afectados por la corrupción, según la Contraloría. Estos son Cusco, Áncash, Callao y La Libertad.
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