Defensoría: Congreso debe mejorar el marco normativo de formalización minera

Tras la aprobación del Congreso de la República del Perú del proyecto de ley 7278, el cual deroga el Decreto Legislativo 1607, que establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización, la Defensoríadel Pueblo emitió un pronunciamiento.

“Lo dispuesto por el tercer párrafo de la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo no se encuentra dentro de la delegación de facultades legislativas que le otorgó el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, habiendo excedido las facultades otorgadas, al legislar sobre una materia que no estaba comprendida en la norma autoritativa”, sostuvo la institución dirigida por Josué Gutiérrez.

Sumado a ello, el Decreto Legislativo en mención, no deroga ni subroga otras normas de manera expresa en materia de formalización minera. Por el contrario, genera un conflicto entre normas de la misma jerarquía (Decreto Legislativo n.° 1105 y 1293 y las Leyes 31007 y 31388), asimismo, colisiona con la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030, apuntó.

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De otro lado, sostuvo que no debió eliminarse lo dispuesto relacionado a las facultades de la PNP a tomar acciones cuando advierta el desarrollo de actividad minera por parte de personas acogidas al Proceso de Formalización Minera Integral con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que tengan en su poder artefactos o materiales explosivos sin contar con la debida autorización administrativa.

“Por lo expuesto, exhortamos al Congreso de la República a evaluar las normas que conforman el marco normativo en materia de formalización de la minería, con la finalidad de armonizarlo, haciéndolo viable y así, fortalecer la lucha contra la minería ilegal que atenta contra derechos fundamentales, sobre todo, de las poblaciones más vulnerables. Asimismo, restituir lo dispuesto por el primer y segundo párrafo de la disposición derogada”, añadió.

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Del mismo modo, invocó al Poder Ejecutivo a que, en el marco de sus competencias, coadyuve a la mejora de las normas vinculadas a la pequeña minería y minería artesanal.