Defensoría del Pueblo alertagrave riesgo de debilitamiento de la fiscalización ambiental a las mineras

Tribunal Constitucional estaría próximo a resolver 2 de las 12 demandas de amparo presentadas por empresas mineras frente al aporte por regulación que recibe el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Ante ello, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación ante el grave impacto que tendría el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del “aporte por regulación” que brindan las empresas mineras al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Ello, debido a que, a raíz de diversos procesos de amparo iniciados por empresas mineras, se les recortaría el 74% del presupuesto para llevar a cabo las acciones de fiscalización ambiental.

“La fiscalización ambiental es de máxima importancia para la protección del derecho a un ambiente sano en nuestro país, pues asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental en beneficio del entorno, la vida y la salud”, expresó.

Por este motivo, la Defensoría del Pueblo considera que el OEFA requiere contar con capacidad técnica, autonomía y sostenibilidad presupuestal que le permitan ejercer su labor y, para ello, considera que las empresas supervisadas deben asumir los costos de la fiscalización ambiental.

“De lo contrario, se afectaría gravemente el rol que cumple este organismo”, sostienen en un comunicado.

Situación de la OEFA

Desde el año 2014, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de adoptar medidas para asegurar el presupuesto suficiente para que el OEFA cumpla con su labor y, desde el año 2017, se planteó la necesidad de que se suspendan los efectos de una posible sentencia del Tribunal Constitucional que determine la no viabilidad del aporte por regulación, hasta que se asegure la sostenibilidad financiera de esta entidad, permitiendo de esta manera la continuidad del adecuado ejercicio de sus funciones.

Cabe recordemos que, el OEFA tiene a su cargo la supervisión ambiental de importantes proyectos extractivos, como el proyecto minero La Bambas, Antapaccay (caso Espinar), así como las actividades petroleras en los Lotes 8 y 192.

Para el 2019, se tienen programadas casi 7,800 acciones de fiscalización ambiental.

Con relación a la actividad minera, dicha entidad había priorizado la supervisión de 115 casos de alto riesgo ambiental en 30 unidades mineras, que involucran 77 puntos de vertimiento de efluentes en 47 cuerpos de agua. Un recorte del 74% del presupuesto para este año impediría cumplir con estas tareas adecuadamente.