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Si bien el gas natural que abastece a Lima desde el 2004 proviene de La Convención (Cusco), donde se ubica la planta de Camisea, hasta ahora ese combustible no llega a usuarios residenciales de esa y otras partes de la región Cusco, salvo el GNV que se empieza a usar en su ciudad capital.
En esa ciudad ya el sector privado ha instalado dos estaciones de gas natural vehicular (GNV) y que el objetivo del gobierno regional era avanzar luego hacia las conexiones domiciliarias, aunque hasta ahora esos planes no se han concretado.
Según el especialista en hidrocarburos Carlos Gonzáles, la principal área identificada de demanda doméstica para el gas de Camisea es la ciudad del Cusco, pero que sería inimaginable que se rompieran las pistas de la zona histórica de esa urbe para instalar redes de gas.
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Hugo Escobedo, subgerente de hidrocarburos de la gerencia de Energía y Minas del gobierno regional del Cusco, indicó que, en efecto, hay problemas por resolver para avanzar en la masificación del gas natural, pero que hay alternativas para avanzar en ese objetivo.
“La masificación en (la ciudad de) Cusco tiene una limitante, que tiene un centro arqueológico importante, y un gran sector de la población vive del turismo”, apuntó el funcionario.
¿En qué zonas de la ciudad se podría construir redes?
El subgerente refirió que han identificado que existe un sector amplio, que comprende las zonas de Limacpampa, Huanchac, San Sebastián y San Gerónimo, que están fuera del casco arqueológico de esa ciudad imperial, donde el gobierno regional puede desarrollar redes, al amparo de la normativa vigente.
En tal sentido, refirió que la Ley N° 29969, que dicta disposiciones para promover el uso del gas natural, establece que los gobiernos regionales y locales pueden ejecutar directamente, con cargo a los recursos del canon, obras de infraestructura tendientes a dicha masificación.
No obstante, Escobedo refirió que esa norma solo permite a esas autoridades destinar el mencionado recurso a la construcción de la infraestructura, pero no le faculta a operar la distribución de ese combustible, sino que eso es facultad del Gobierno Nacional.
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Frente a ello, remarcó que se necesita que el Estado determine quién va a ser el concesionario del servicio de distribución del gas natural en esa región, lo cual pasa por la articulación de políticas públicas (entre gobierno regional y Nacional).
Además, en un escenario en el que al evaluarse la entrega en concesión de dicho servicio se determine que no resulta económicamente viable al operador privado tender redes locales a zonas más alejadas de la red troncal principal de ese gas, el gobierno regional podría emplear recursos del canon para ese fin, al amparo de la citada ley, precisó.
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Otras formas de llevar el gas
El funcionario refirió además que el gobierno regional desarrolla una estrategia para llevar el gas a otras zonas de la región donde no es posible tender redes.
Una de ellas es la zona donde se ubica el yacimiento de Camisea, como es la provincia de La Convención, en vista que no resulta económicamente viable tender redes residenciales en esa zona, ni a distritos como Vilcabamba, Echarati, entre otros.
La alternativa, indicó, es la entrega de GLP envasado en balones de diez kilos a un “precio social” de S/30 (respecto a los cerca de S/60 que cuesta en la zona).
Para ese objetivo, explicó que avanzan con el proyecto de construcción de una planta de fraccionamiento de gas natural en la zona de Kepashiato, en la provincia de La Convención.
Explicó que esa planta usará líquidos del gas natural que sale de Camisea, para elaborar GLP, y que hoy está avanzado en un 60% el expediente técnico que se encargó a una consultora para construir esa infraestructura, y que esperan esté concluido a final de este año.
Región pide participar directamente en masificación
Respecto a otros recursos para apoyar la masificación, Escobedo indicó que hay S/47 millones que el fisco ha garantizado para desarrollo de la infraestructura necesaria en Cusco, pero que no lo puede usar el gobierno regional, sino el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“Necesitamos que (el Poder Ejecutivo) nos otorgue facultades al gobierno regional para poder hacerlo nosotros (el uso de esos recursos adicionales) porque no se ha adecuado la normativa en ese horizonte”, aseveró.
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