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La decepción y preocupación ronda entre los agricultores peruanos. Desde hace algunos meses, la comunicación entre el gobierno de Pedro Castillo -que prometió impulsar una segunda reforma agraria en Perú- y los gremios agropecuarios ha dejado de ser fluida, tras los reclamos a su gestión por el mal manejo de la crisis agraria debido al alza del precio de los fertilizantes.
La gota que rebalsó el vaso sucedió el último 21 de junio, y a solo víspera del Día del Campesino (hoy): el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, anunció que el segundo proceso para la compra de urea se anularía, tras hallarse diversas irregularidades. Sin urea u otros fertilizantes, la productividad de los cultivos caerá y alentaría un alza de precios en algunos productos.
Ya el Banco Central de Reserva (BCR) había ajustado a la baja, en su Reporte de Inflación de junio, la proyección del Producto Bruto Interno (PBI) Agrícola para este 2022 -de 2.7% a 2.4%- por el impacto del alza del precio de los fertilizantes en productos claves en la dieta de los peruanos como la papa, arroz, cebolla, tomate, arveja, haba, limón y caña de azúcar.
El panorama para el 2023 tampoco es alentador. El ente monetario también revisó a la baja su proyección de ese año para el sector Agropecuario, de 2.8% a 2.4%.
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Incapacidad
“Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino”, dijo entusiasmado Pedro Castillo tras ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta en julio del 2021. Pero ni su experiencia sembrando arroz en la zona norte del país -según cuentan algunos productores- le ha permitido conectar con el sector en estos diez meses en los que ha cambiado cinco veces de ministro de Agricultura.
La principal razón de la desconexión entre Castillo y el campo es, en palabras de Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, la incapacidad del presidente de la República de rodearse de personas que entiendan la agricultura mientras coloca personal sin experiencia en puestos claves.
“De todo el círculo que lo rodea, no reconocemos a alguien que conozca del sector, excepto, recién, el nuevo ministro Alencastre. Mi percepción es que que el presidente le ha rehuido a la responsabilidad de conducir una política de agricultura familiar, no lo ha tomado en serio, quizá, por sus múltiples cuestionamientos”, anotó.
Una percepción que estaría extendiéndose en diversos gremios agrícolas. De acuerdo a Laureano del Castillo, director ejecutivo de Cepes, el apoyo que recibió Castillo de la zona rural, con la expectativa de un candidato agricultor, se ha diluido y se habría traducido, ahora, en “decepción, desazón y pérdida de credibilidad”.
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Las consecuencias
Sin urea que llegue antes del inicio de la campaña grande de siembra -a fines de julio-, las consecuencias para los 33 millones de peruanos son graves: un mayor nivel de pobreza y hambre, afirman los entrevistados para esta nota.
En el corto plazo, menciona Del Castillo, la crisis de los fertilizantes reducirá la producción de cultivos claves como arroz y papa hasta en un 10%, lo que será un problema para los hogares más pobres -el 29% de hogares peruanos-, e implicaría retroceder aún más en el Índice de Hambre global.
En el mediano plazo, la situación puede implicar un mayor abandono del campo de parte de los jóvenes. “Ya hace algunos años, cuando preguntábamos a los productores si querían que sus hijos e hijas sean agricultores, respondían que no, que no ven futuro en el campo, lo que es penoso en un país megadiverso”, dijo.
Perú retrocedió casi diez años en su índice de pobreza debido al COVID-19 y podría no tener signos de mejora el próximo año ante el alza de precios y los bajos ingresos de los peruanos. Todo ello aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria para más personas, advierte Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó que en Perú más de 15 millones podrían caer en riesgo de no comer al menos una vez. Esta proyección se actualizará el próximo 6 de julio.
“La caída de la licitación de los fertilizantes es un grave problema y esperamos que pueda reconducirse rápido porque los tiempos ya están muy justos para la campaña de siembra, y si no aprovechamos esta temporada tendremos un problema de producción y el precio de los alimentos seguirá subiendo; eso va a extender la crisis más de lo necesario”, dijo a Gestión.pe.
Cárdenas puntualiza que, en efecto, Conveagro prevé un aumento del indicador de pobreza entre la población agricultora y rural. “Los productores son sujeto de pérdida por el aumento del precio de insumos como los fertilizantes y el mayor costo no lo trasladan al consumidor. Los precios en la chacra son paupérrimos, quienes ganan son los intermediarios”, declaró.
Responsabilidad política
La bases de Conveagro se reunirán este domingo 27 de junio para definir un posible paro contra el gobierno de Castillo y proponerle, también, la compra directa de fertilizantes. “La licitación no es necesaria”, dijo. El gremio responsabiliza directamente a Castillo de la actual crisis agrícola. “El ministerio no es su chacra, ellos no han ganado el ministerio sino la responsabilidad de dirigir el país y necesitamos que sean responsables”, mencionó.
Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), también criticó que el gobierno pretenda conducir un sector tan complejo como el agro peruano con cambios constantes de ministros. “Es imposible, y menos debería ocurrir en una época tan compleja, con una crisis alimentaria y sobrecostos de todo tipo”, señaló.
En tanto, Trivelli apunta a la oportunidad, hoy más que nunca, que tiene el gobierno de plantear discusiones a favor del sector.
“La crisis alimentaria ha puesto en agenda nacional la situación del agricultor, la relevancia que tiene en cada uno de los peruanos, ellos producen el 57% de lo que consumimos, y es momento de aprovechar este reconocimiento para discutir cómo los ayudamos. Ya sabemos cuál es el paquete que necesitan -tecnología, agua, capacitación- hay que plantear el cómo llevarlo al campo; y discutir los nuevos desafíos como son el cambio climático y una fertilización más eficiente”, señaló.
En esa línea, Amaro agregó que el sector privado puede ayudar al gobierno proponiendo normativa que ayude a desarrollar el sector agrario de manera competitiva, aumente la productividad, disminuya sobrecostos, riesgos y genere un ambiente adecuado para desarrollar el sector agrario y poder enfrentar esta crisis, ayudando a incorporar a la pequeña agricultura para insertarla a las cadenas modernas productivas y de comercialización agrarias.
Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso:
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“A la fecha, la comisión ha remitido más de 250 oficios al Midagri en donde canalizamos los diferentes pedidos de atención, denuncias y reclamos que tienen los productores de diferentes entidades como la ANA, Agro Rural, INIA, los Proyectos Especiales, PSI, entre otros.
Pero lamentablemente lo que siento es que el común denominador en el Ejecutivo ha sido prometer y evadir los compromisos; además de colocar funcionarios sin capacitación y experiencia los cuales terminan destruyendo la institucionalidad del sector.
Hemos visto cambiar ya cinco veces los ministros en el Midagri, pero al mismo tiempo veo que existen funcionarios de alta dirección y algunos órganos adscritos entornillados, que parecen ser inmaculados y con mucho mayor peso político que el propio ministro.
Ya lo he dicho antes y se lo he comentado de manera transparente al nuevo ministro, el Midagri se ha convertido en un botín en este gobierno, una agencia de empleo super eficaz que solo tiene el objetivo de cubrir las cuotas políticas dejando de lado al verdadero usuario que son los productores, que ya perdieron once meses de ineptitud con este lamentable gobierno”.