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El Gobierno promulgó la Ley que extiende los beneficios de la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al Diésel que adquieren las empresas de transporte de carga y del servicio interprovincial de pasajeros, pero sujeto a determinadas condiciones.
Así, la Ley 31647, firmada este martes por la presidenta Dina Boluarte, establece que se amplíe la tasa de la devolución del ISC al Diésel B5 y Diésel B20, con contenido de azufre menor o igual a 50 ppm, del actual 53%, a un 70%.
Dispone además que se extienda el plazo de aplicación de ese beneficio tributario, que vencía el 1 de enero del 2023, hasta el 31 de diciembre del 2025.
¿Qué condiciones hay para acceder a la devolución del ISC?
Sin embargo, la mencionada ley determina algunas condiciones para que la devolución del impuesto (que es de S/1.70 por galón del Diésel de uso vehicular) llegue a las empresas de transportes.
La primera de ellas: que los transportistas a beneficiarse deberán contar con autorización vigente para que presten sus servicios, expedida por gobiernos regionales o municipios provinciales (en casos operen en el interior del país), o de la ATU en caso operen en Lima y Callao.
En segundo lugar, establece que se debe evaluar el impacto que ha tenido la aplicación de la devolución del ISC al Diésel, en términos de reducir la siniestralidad vehicular por parte de los transportistas comprendidos en esta norma.
En tercer lugar, dispone que los transportistas a beneficiarse deberán estar registrados ante el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El nivel de siniestralidad antes citado se establecerá en base a indicadores mensuales que determinen la cantidad de fallecidos o heridos en siniestros de tránsito donde hayan participado los vehículos autorizados y registrados ante el referido observatorio.
Transportistas plantean objeciones
La aplicación de restricciones en esa ley para acceder a ese beneficio tributario generó diversos reclamos por parte de los gremios de transportistas, considerando que habían acatado paralizaciones de sus servicios a nivel nacional, buscando precisamente se facilite su acceso a tal devolución.
Martín Ojeda, dirigente del gremio de empresas de transporte interprovincial de pasajeros, señaló que las restricciones que ha dictado el Ejecutivo para acceder al beneficio, no figuraban en los parámetros hasta ahora establecidos para la devolución del ISC.
“Como gremio estamos en desacuerdo, porque no se puede dar un subsidio pero que a su vez esté sujeto a condiciones que son fortuitas (como la ocurrencia de accidentes de tránsito)”, aseveró, y cuestionó además que se aplique sólo al transporte formal, y que no se busque a la vez combatir al transporte informal, al que se atribuye más bien de ser el mayor causante de accidentes.
Por su parte, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga en Camiones -UNT-Perú-, objetó que en la ley para devolver el ISC, el Gobierno no haya incluido su reclamo de que se elimine el parámetro de 15 años de antigüedad de vehículos a ser beneficiados.
A su turno, Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), señaló que aún esperan que el Gobierno actual resuelva las trabas que han surgido para atender las demandas de los transportistas, antes de volver a evaluar alguna medida de fuerza.
MTC abordará el tema
Explicó que la eliminación de la antigüedad del parque automotor como requisito fue un acuerdo al que se comprometió el MTC con los gremios de transportistas durante la administración del presidente Pedro Castillo, entre los acuerdos suscritos para que levantaran el paro que acataron meses atrás.
Indicó que si eso no se corrige en la norma, se estaría excluyendo del beneficio a más del 80% del parque automotor camionero, que en su mayor parte pertenece a pequeñas empresas que tienen vehículos que en promedio superan los 40 años de antigüedad.
Marchese refirió que están reclamando a la actual ministra de Transportes, Paola Lazarte que el actual Gobierno cumpla los acuerdos pactados, y que ella accedió a abordar el tema en la primera semana de enero próximo.
Para dilucidar estas diferentes posiciones en torno a la devolución del ISC al Diésel, Gestión consultó con Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos, que consideró que no se puede asociar directamente a determinado sector de transportistas con la ocurrencia de siniestros vehiculares.
Ello, según explicó, en vista de que, según informes de la Defensoría del Pueblo, un 76% de los atropellos por ejemplo, ocurren en las ciudades, antes que en las carreteras (donde operan mayormente los transportistas de carga y en buses interprovinciales).
En todo caso, refirió que se requiere un estudio más detallado para determinar cuales son las causales principales de los accidentes en las vías.