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En los primeros tres meses de este año, la actividad económica venía alcanzando los mismos niveles agregados observados en 2019. Este comportamiento no era esperado por el consenso de mercado, que anticipaba que ello se produjese recién a mediados del año 2022.
Este buen desempeño ha ocurrido gracias a la potencia de las políticas macroeconómicas expansivas (fiscales y monetarias), los efectos del reinicio paulatino de actividades en el último cuatrimestre del año pasado y a un efecto catch up en el sector de construcción privada. Y todo ello, a pesar de la aún muy dura recesión observada en sectores de servicios que son intensivos en contactos humanos, como el alojamiento, transporte y restaurantes, muchos de ellos vinculados al turismo externo e interno.
La dinámica del primer trimestre hacía pensar que era posible que en el 2021 la economía se recuperase -en términos agregados- de la violenta caída observada en el 2020 por la imposición de las extremas cuarentenas. Desafortunadamente, el ímpetu observado se viene desacelerando entre abril y junio. Esta relativa pérdida de dinamismo es un reflejo de la incertidumbre sobre el rumbo de la política y de la política económica en particular.
Aunque las indicaciones de los voceros de Pedro Castillo han ido en la dirección de despejar los temores de un programa antieconomía de mercado y calmar la volatilidad en los mercados, la propuesta de llevar a cabo una Asamblea Constituyente por fuera de los márgenes del Estado de derecho ha elevado nuevamente la incertidumbre.
La incertidumbre se ha reflejado en el deterioro de las expectativas para los próximos 3 y 12 meses para la actividad económica, la contratación de personal y la inversión, publicadas por el BCRP. Ello hace pensar en una posible caída de la inversión privada durante el año 2022.
Afortunadamente, los sectores de servicios más golpeados por la pandemia pueden rebotar el próximo año, dependiendo del avance de la vacunación. Ello atenuaría en parte el efecto de la caída de la inversión privada sobre la actividad agregada en el 2022, pero no sus efectos en el PBI potencial, de verificarse dicha caída.
Por el lado externo, los elevados términos de intercambio han comenzado a impactar positivamente en las cuentas fiscales, pero se observarán en mucho mayor medida en la regularización del impuesto a la renta y la recaudación del 2022. Ello llevaría a una reducción inercial del déficit fiscal hasta cerca de un 3% del PBI en dicho año, luego de un 8.9% en el 2020.
Sin embargo, en el lado privado los efectos de los mayores términos de intercambio no se han reflejado en las cotizaciones bursátiles ni en el valor real del dólar, como era usual en el pasado. Se observa una suerte de quiebre de esas regularidades empíricas, por la aparición de los riesgos de cambios que afecten la marcha de la economía. En otras palabras, la percepción de riesgo ha llevado a una bolsa relativamente subvaluada y a un tipo de cambio desalineado con sus fundamentos económicos típicos.
Haría bien el Gobierno entrante en explicar claramente los alcances de los cambios constitucionales que propone. Si se trata de los capítulos más institucionales y políticos, de los llamados derechos sociales o de qué aspectos específicos del capítulo económico. O si la propuesta es más bien partir de una especie de “página en blanco”, según lo que el “pueblo” decida. Según lo expresado hasta ahora, se quiere ir hacia una Asamblea Constituyente dando un mayor peso a ciertos ciudadanos que tengan un oficio particular por sobre el resto de los ciudadanos.
Que la economía peruana sea nuevamente la máquina que crea valor, aumente los empleos, mejore los salarios y los ingresos del fisco depende crucialmente de lo que ocurra en las próximas semanas.