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La crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 y sumado a la incertidumbre política por la segunda vuelta electoral, ha generado que las empresas sean más cautas en sus procesos de pagos. Ante ello, muchas de las empresas han elevado sus periodos de pagos a 60, 90 y hasta 120 días.
Así lo comentó, Percy Augustin, presidente de las Asociación de Empresas de Factoring del Perú (Apefac), quien indicó que en los últimos meses se ha acentuado este comportamiento.
En el primer caso, detalla que los problemas de restricciones a los negocios (por horarios o control de aforos) complica las operaciones de las empresas.
“Las empresas se han tenido que adecuar a los nuevos procedimientos y ello ha llevado a ampliar los plazos. A eso se suma el escenario político”, expresó.
Menciona que, con ello se eleva el riesgo, dado que mayores son los plazos para los pagos de facturas a los proveedores.
Percy Austin comentó que el riesgo no eleva la tasa de descuento, debido a la alta competencia que existe en el mercado, con alrededor de 80 empresa de factoring al que se suman las operaciones de los bancos, y que en los últimos años - previo a la pandemia- la tasa ha ido descendiendo.
Considera que, en la medida que la economía se recupere, los proveedores van a enfrentar este problema de plazos más grandes de pagos.
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Factoring con reglas pendientes
Unas de las medidas que está pendiente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el reglamento para reducir los plazos de conformidad de las facturas negociables, y que llegue a 8 días como máximo.
Sin embargo, pese a la insistencia del Ministerio de la Producción, aún siguen en cartera de MEF, así lo comenta Percy Augustin, quien detalla que se ha reunido con los funcionarios y emitido cartas, pero hasta el momento no han tenido una respuesta sobre el reglamento.
“El factoring es una herramienta que permite financiar a las mipymes con capital de trabajo. Con la conformidad en un tiempo más corto haría que las empresas puedan ser más dinámicas”, expresó.
El reglamento debió emitirse a fines del 2020, sin embargo, han pasado más de cuatro meses del plazo previsto.
Otras de las medidas pendientes, sostiene Percy Augustin, es la ampliación de los fondos de coberturas para las facturas que se había previsto desde el Ejecutivo, con recursos del Fondo Crecer.
“Ordering”: órdenes de compra o servicio como título valor
Respecto a la reciente norma que está en debate en el Congreso, de impulsar las órdenes de compras y servicios como título valor, Percy Augustin, indicó que antes de ello se tienen que reforzar las facturas y el mercado del factoring.
Sin embargo, en el caso de las órdenes de compra de las entidades de Estado, mencionó que el problema que existe es que las entidades públicas se demoran mucho en el pago de las facturas por los propios procesos que tiene para la conformidad de los productos o servicios.
Tras ello, dijo que lo mejor es esperar los detalles de la nueva norma que aún sigue en la Congreso y que de aprobarse pasaría a su reglamentación, “ahí se tiene que ver la letra pequeña, los detalles”, sentenció.