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Pocos días antes de que el COVID-19 sea declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Perú se aprobó el reglamento de la Ley de salud mental que, entre otros aspectos, fortalece el desarrollo de los Centros de salud mental comunitaria (CSMC) y amplía las prestaciones para la atención de condiciones mentales por parte de aseguradoras privadas.
“Hemos tenido suerte y ha sido una coincidencia que nos va a permitir afrontar mejor lo que viene”, afirma Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa).
Según calcula el médico psiquiatra, el 21% de la población peruana está afectada por un trastorno mental. Sin embargo, esta proporción podría alcanzar el 30% debido a los estragos que la pandemia tendrá en la salud mental de la población.
Desde la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) advierten que, de alcanzarse un incremento de ese nivel, habría que considerar a este problema como uno de salud púbica más que de salud individual. “No solo se debe atender estos padecimientos. Se deben tomar acciones para prevenirlos”, señala Eduardo Morón, presidente de Apeseg.
Morón explica que, cuando un problema de salud ya toma una escala muy grande, se convierte más en una tarea del Minsa que de los financiados y prestadores de salud. “Típicamente los problemas de salud publica no pueden ser asegurables, porque la lógica de las enfermedades asegurabas es que hay una pequeña parte de la población que los tiene, lo que permite financiarlos. Esta es un discusión que posiblemente va a retomarse”.
Salud mental
Para evitar atender las necesidades de la población, el Minsa está impulsando la creación de nuevos CSMS y se espera que para fin de año haya más de 200. De otro lado, Cutipé, del Minsa, destaca que la Ley de salud mental, además de fortalecer a los CSMC, permitirá apuntalar la atención de estos padecimientos a través de las aseguradoras.
La norma, en su artículo 10, establece la obligación de los seguros de salud públicos y privados de prestar cobertura para salud mental en sus planes, incluyendo el tratamiento ambulatorio, internamiento u hospitalización. “Antes de la ley, ninguna aseguradora de salud privada incluía en sus paquetes cobertura de salud mental de ningún tipo. Ahora lo tienen que hacer”, indica Cutipé.
Desde Apeseg afirman que, efectivamente, para los seguros de salud existe dicha exigencia a partir de la Ley de salud mental. Sin embargo, destacan que para el caso de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), dicha obligación existe desde el 2009 con implementación del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que incluye cobertura para cuatro condiciones mentales: esquizofrenia, ansiedad, depresión y alcoholismo.
Según Cutipé, estos trastornos representan aproximadamente el 90% de los problemas que padecen los peruanos.
Limitaciones
Eduardo Morón, presidente de Apeseg, considera que, pese a lo que estipula la norma, la salud mental en el país enfrenta dos grandes limitaciones.
“Hay mucha gente que aún ve los problemas de salud mental como estigmas y pese a que la necesiten, es muy probable que no pidan atención porque no quieren reconocerlo”, señala.
De otro lado, el problema más grave, señala, son las severas carencias en cuanto a oferta que tiene el sistema. “No existen los prestadores suficientes para la cobertura en salud mental que se ha planteado a nivel del PEAS”, indica Morón.
Agrega que, solo con la situación actual en la que uno de cada cinco peruanos requiere atención, no hay existe la escala suficiente para cubrirla. Esto se debe, entre otros factores, a que la atención en salud mental requiere un tratamiento de largo plazo a diferencia de otro tipo de padecimientos
Ante ello, desde Apeseg han planteado al Minsa la posibilidad de desarrollar un modelo similar a los CSMC. “Hemos conversado con Yuri Cutipé y también hemos dicho a las EPS que quizá lo que toca es hacer varios centros de salud comunitario y formar una red y desarrollarla con inversión de todos para que puedan ofrecer sus servicios a los asegurados”.