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La Contraloría de Colombia decidió abrir una investigación fiscal a la petrolera estatal Ecopetrol por presunto daño patrimonial que podría ascender a US$ 615 millones en la compraventa de acciones de una empresa en Perú.
Se trata de la compra en el 2018 del 50% de la sociedad Offshore International Group (OIG), radicada en Perú, y la venta de las mismas acciones en enero del 2021 por menos del 5% de lo que se pagó inicialmente, detalló la Contraloría en un comunicado.
“La indagación preliminar estableció varios indicios de que se trató de un negocio mal planificado y ejecutado por Ecopetrol, que había sido advertida por consultores externos de los riesgos inminentes de entrar en ese negocio”, afirmó la Contraloría (tribunal de cuentas).
En el 2008, con el fin de llegar a producir un millón de barriles para el 2015, meta que tenía entonces Ecopetrol, la petrolera comenzó una estrategia de adquisición de empresas y campos nacionales e internacionales que pudieran ampliar sus recursos exploratorios y reservas.
Así, en diciembre del 2008, junto a la coreana Korea National Oil Corporation (KNOC), suscribieron la compra por igual de Offshore Exploration and Production, que transformaron en OIG y cuyo principal activo era la compañía Petro-Tech Perú.
Ecopetrol pagó en febrero del 2009 unos US$ 496 millones por las acciones, con pagos adicionales en el 2011 de casi US$ 146 millones.
Sin embargo, el 19 de enero del 2021 Ecopetrol informó de que junto a KNOC había decidido vender a Z Mining Investments la totalidad de las acciones de OIG por un monto que no reveló debido a “un acuerdo de confidencialidad”.
La Contraloría entonces abrió un proceso en cuya indagación preliminar reveló que Ecopetrol habría pagado más de US$ 640 millones para adquirir las acciones de OIG y las habría vendido por menos del 5% de lo que se pagó inicialmente.
Es decir, la Contraloría General de la República aseguró que “en el mejor de los casos” las acciones se habrían vendido conjuntamente a US$ 231.5 millones, de los cuales a Ecopetrol le correspondería US$ 115.5 millones y que además estarían sujetos a “la materialización de eventos futuros”.
Por eso, ahora el ente fiscalizador decidió abrir una investigación fiscal “para que las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio den cuenta por su posible responsabilidad en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de US$ 615 millones”.