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Exxon Mobil Corp. puede seguir adelante con un juicio en Estados Unidos, con el que busca recibir US$280 millones de dos compañías cubanas como compensación por una refinería y otros activos incautados a la gigante petrolera después de la revolución de Fidel Castro en 1959, dijo un juez en Washington.
El fallo comunicado el miércoles por el juez de distrito estadounidense Amit Mehta mantiene vivo el juicio de Exxon contra un conglomerado estatal cubano, Corporación Cimex SA, y la petrolera operada por el Gobierno, Unión Cuba-Petróleo, conocida como Cupet.
A lo largo de los años, el Gobierno de Estados Unidos ha reconocido miles de demandas de este tipo presentadas por compañías y personas sobre propiedades que alguna vez pertenecieron a estadounidenses.
Exxon archivó su caso en el 2019 después de que la Administración Trump dijera que ya no bloquearía una disposición de una ley estadounidense de 1996 que permitía juicios privados por propiedades incautadas en Cuba, un cambio de política que algunos expertos legales dijeron que provocaría un aumento en el número de demandas.
Pero eso no ha sucedido, en parte porque podría ser difícil hacer cumplir sentencias financieras contra empresas en otros países, dijo Patrick Borchers, profesor de derecho en la Universidad de Creighton, que ha estudiado el tema.
Exxon dijo que Cimex y Cupet participaron en el “tráfico ilegal de propiedades confiscadas por el demandante”, incluidos cientos de estaciones de servicio, tanques de almacenamiento, una terminal marina y la refinería Ñico López en La Habana. El Gobierno de Castro reclamó los activos en 1960.
“Estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de permitir que este juicio siga adelante”, dijo el portavoz de Exxon Todd Spitler, en un correo electrónico. “La decisión continúa respaldando nuestra demanda de que ExxonMobil debe recibir una indemnización por sus activos expropiados”.
Los abogados de Cimex y Cupet no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Las dos compañías cubanas habían tratado de desestimar la demanda, argumentando que son agencias de un Gobierno extranjero y, por lo tanto, inmunes a la denuncia en virtud de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras.
Mehta dictaminó que una excepción en el estatuto significa que la denuncia de Exxon contra Cimex puede seguir adelante. También permitió que la compañía estadounidense reuniera evidencia que pruebe que sus demandas contra Cupet son legalmente viables.