(Foto: Difusión)
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El nuevo consejo de supervisión de contenido de incluirá a un exjefe de Estado, un premio Nobel de la Paz, una abogada colombiana, un académico brasileño y varios defensores de derechos humanos entre sus 20 miembros iniciales, anunció la compañía el miércoles.

El consejo -una entidad independiente que podrá revocar las decisiones de Facebook y de su CEO, , sobre si se deben permitir contenido específico en Facebook e Instagram- es una respuesta de alto perfil a las críticas a cómo la empresa de redes sociales maneja temas problemáticos.

Facebook dijo que en total los miembros de la junta han vivido en 27 países y hablan al menos 29 idiomas, aunque una cuarta parte del grupo y dos de los cuatro copresidentes son de , donde la compañía tiene su sede.

Los copresidentes, que seleccionaron a los otros miembros conjuntamente con Facebook, son el exjuez federal y experto en libertad religiosa Michael McConnell, el experto en derecho constitucional Jamal Greene, la abogada colombiana Catalina Botero-Marino y el ex primer ministro danés Helle Thorning-Schmidt.

Entre el grupo inicial están además el experto brasileño en internet Rolando Lemos; el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos András Sajó; la directora ejecutiva de Internet Sans Frontières Julie Owono; el galardonado Nobel de la Paz yemení Tawakkol Karman; y el defensor de los derechos digitales de Pakistán Nighat Dad.

Nick Clegg, jefe de asuntos globales de Facebook, dijo que la composición del consejo es importante pero que su credibilidad se ganará con el tiempo.

"No espero que la gente diga: 'Oh, aleluya, estas son personas geniales, esto va a ser un gran éxito'. No hay razón para que alguien piense que será un gran éxito hasta que realmente comience a escuchar asuntos complejos en los próximos meses y años", sostuvo el ex viceprimer ministro británico.

La junta, que comenzará a trabajar de inmediato y que según Clegg empezará a escuchar casos este verano boreal, crecerá posteriormente a unos 40 miembros.

Facebook ha prometido un financiamiento de US$ 130 millones durante al menos seis años para el consejo, que tomará decisiones públicas y vinculantes sobre algunos casos controvertidos en los que los usuarios han agotado el proceso habitual de apelaciones.