El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, contempla interponer medidas cautelares contra las empresas vinculadas en el “club de la construcción”, reveló una fuente a Gestión.

Para que ello suceda, previamente, la jueza María Álvarez Camacho, quien homologó el acuerdo con Odebrecht, tendrá que aprobar el pedido del Ministerio Público de abrir investigación penal a 18 constructoras (Gestión 27.08.2019).

Entre ellas, se encuentran Cosapi, Graña y Montero, OAS, Queiroz Galvao, Casa, Obrainsa, Málaga, Johesa, Grupo Plaza, OHL y otras.

Inicialmente, el fiscal había solicitado incorporar 16 empresas, pero retiró el pedido para finalmente solicitar la inclusión de 18.

Juárez también evalúa interponer embargos contra las compañías, pero de eso tendría que encargarse la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.

Según “Punto Final”, varias de estas empresas, pese a estar investigadas, continúan contratando con el Estado. Por ejemplo, ICCGSA en marzo de este año ganó un contrato por S/ 56,000.

OHL firmó un contrato por más de S/ 90 millones, por una obra de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Cosapi se adjudicó una obra de S/ 500 millones para el mismo evento deportivo.

Asimismo, CyM Constructores y Mineros contrató por S/ 55 millones para una carretera en Cusco y por obras del MTC por S/ 54 millones.

Por su lado, Johe S.A Constructores ganó una licitación por S/ 12 millones en la Universidad Nacional de Sullana en Piura.

¿Cuándo inicia el juicio?

Otra fuente indicó a este diario que la Fiscalía aún se encuentra en etapa de corroboración de información del funcionamiento del “club de la construcción” entre los años 2011 y 2014.

Precisamente, Gestión conoció que son dos colaboradores eficaces los que están brindando pruebas al Equipo Especial. A ellos se suman, la información y la disposición de exfuncionarios de dos empresas que se habrían acogido a la colaboración eficaz corporativa (ver el dato).

Es por ello que recién, a más tardar, a inicios de próximo año, estaría la Fiscalía presentando su acusación para luego pasar a juicio oral.

También está pendiente una pericia técnica con el fin de que el fiscal Juárez sustente el perjuicio económico al Estado por el delito de colusión agravada.

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