Gasoducto Sur Peruano. (Foto: USI)
Gasoducto Sur Peruano. (Foto: USI)

La empresa Graña y Montero S.A.A. (“G&M”) inició formalmente el procedimiento de trato directo con el Estado peruano a efectos de solucionar la controversia respecto a la deuda impaga que mantiene el Estado peruano con Gasoducto Sur Peruano S.A. (“GSP”).

El concepto asociado a este acuerdo es por el valor contable neto de los bienes de la concesión del proyecto denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (“VCN”) que el Estado peruano debe pagar a GSP – en su calidad de concesionario del referido proyecto – en virtud a la cláusula 20 del contrato de concesión correspondiente.

En un comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), G&M indica que se ha visto obligada a tomar esta determinación ante la inacción del resto de accionistas de GSP, de dicha empresa, y del Estado peruano durante casi dos años desde la terminación de la concesión.

Por un lado, detalla que GSP no ha adoptado ninguna medida legal para exigir el pago de lo adeudado en defensa de su patrimonio; "esta inacción se ha producido a pesar de los esfuerzos realizados por G&M, socio minoritario de la empresa, para que la Junta General de Accionistas de GSP adopte los acuerdos correspondientes.

Mientras que, por el lado del Estado peruano, comentan que se ha rehusado a pagar la suma que debe a GSP y a reconocer el valor de los activos que a la fecha tiene en custodia.

Así, consideran que G&M está legitimado para iniciar el trato directo al amparo del numeral 4 del artículo 1219 del Código Civil peruano que autoriza al acreedor a ejercer los derechos de su deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa.

"Confiamos en que el trato directo abrirá un espacio para promover una solución a la referida controversia que permita al Estado peruano evitar un litigio costoso e innecesario y a la empresa GSP recibir el dinero para pagar sus deudas y reconstituir la cadena de pagos", expresan.