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El economista e investigador, José de Echave, quien forma parte del equipo que lidera el MEF para diseñar nuevas medidas tributarias para la mineria, comentó que esperaría que desde el Ministerio de Energía y Minas no insista en proyectos que van a provocar nuevamente conflictos como el proyecto Tía María, en una entrevista realizada por Noticias SER.
“Hay que ser cuidadosos porque nadie está diciendo que no haya más inversión minera, pero creo que los proyectos mineros tienen que tener lo que las propias empresas mineras mencionan: la licencia social para operar. Yo esperaría que desde el Ministerio de Energía y Minas no se insista en proyectos que van a provocar nuevamente conflictos como el proyecto Tía María, que tres gobiernos distintos han intentado sacar adelante a pesar de que tiene fuertes resistencias”, mencionó.
Asimismo, dijo que hay una larga lista de otros proyectos que sin duda pueden concretarse como se está haciendo con el proyecto Quellaveco en Moquegua o el proyecto Mina Justa en Nazca y algunos otros proyectos más.
“Esperaría mucho tacto, mucho cuidado y tomar en cuenta que los proyectos que no tienen licencia social pueden crear un clima que podría ser complicado para el país (...) Además, hoy en día, los precios de los minerales están altos y, normalmente, cuando eso ocurre, hay una fuerte presión sobre los territorios para destrabar proyectos mineros”, agregó.
En esa línea, resaltó que la minería es una actividad productiva muy importante, que tiene un impacto en varios indicadores económicos.
Tensión permanente
Al ser consultado sobre la situación del corredor minero, dijo que hay que considerar varios elementos. Uno de ellos es que en la zona se vive una situación de tensión permanente.
“Es que es una zona donde hubo varios procesos de diálogo a lo largo de los últimos años, pero no hubo mucha preocupación por implementar adecuadamente los acuerdos a los que se llegaron, sobre todo en la provincia de Cotabambas y también en la de Espinar. Esto deteriora la confianza, que es lo más importante que se debería construir entre las poblaciones, autoridades nacionales y las empresas mineras”, dijo a Noticias SER.
“Me parece importante subrayar que estamos ante una agenda fragmentada con demandas que será bien difícil unificarlas y de llevarlas a procesos de diálogo, más aún, si el Estado no se prepara de forma adecuada para abordar el conflicto”, mencionó.
Para mejorar el panorama actual, el exviceministro de Gestión Ambiental, señala que la solución tiene que ser construida con la gente para ver cuál sería la alternativa más adecuada.
“El asunto fundamental es que la salida al tema del transporte de mineral incorpore a las poblaciones, a las autoridades regionales, provinciales y distritales para ver cuál sería la vía más adecuada”, refirió.
De Echave recordó que el mineroducto se planteó en un contexto que ahora ya no existe, cuando la empresa dueña de las Bambas también era dueña de las operaciones de Tintaya Antapaccay en Espinar, y como era la misma empresa, tenía sentido un mineroducto que conecte a las dos operaciones.
“Como eso cambió, el trazo de un mineroducto tendría que ser distinto y mucho más extenso. Creo que se debe pensar nuevamente, cual es la mejor alternativa, no en función exclusiva de la minería, sino de la producción y desarrollo local, desarrollo territorial y de los intereses comunales”, resaltó.
Conflictos sociales
Sobre la capacidad del Estado para enfrentar los conflictos sociales, de Echave dijo que en los últimos 20 años se ha visto un Estado peruano simplemente apagando incendios, reaccionando cuando el conflicto ya había escalado.
“Lo que necesitamos es una estrategia distinta, preventiva y que articule a las autoridades nacionales con los subnacionales. Se debe buscar que el Estado comience a ser percibido por las poblaciones como un Estado garante de derechos y no como uno que facilita las inversiones sin tomar en cuenta los aspectos sociales”, comentó.
En esa línea, dijo que se requiere de un cambio de estrategia de manera sustantiva y preventiva sobre el conflicto social, que al mismo tiempo aborde situaciones de mucha tensión, como por ejemplo, la que se vive en la zona del sur del país.
“Para eso se requiere capacidades. Ojalá que exista la voluntad política para este cambio de estrategia y para fortalecer la oficina que ve el tema de la conflictividad social”, concluyó.