Los casinos vuelven a la discusión política, y ahora económica, en Ecuador

El funcionamiento de casinos -prohibidos en Ecuador a tenor de una consulta popular en 2011- vuelve a la discusión política en el país al constar esa posibilidad en una de las once preguntas de una consulta popular que el jefe de Estado, Daniel Noboa, ha enviado a análisis de la Corte Constitucional.

“¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?”, reza la última pregunta de la consulta que el Gobierno espera realizar este primer trimestre.

El Ejecutivo considera que el impacto de la prohibición de los mencionados negocios, “fue la pérdida de plazas de empleo que se encontraban establecidas en 160 salas de juego a nivel nacional”.

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“Red de estabilidad económica”

Apunta, además, que el funcionamiento de esos negocios “es una actividad que puede ser regulada, focalizada y controlada por ley”.

El planteamiento señala que su funcionamiento deberá tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura, y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental, y de la seguridad ciudadana.

La autorización de los casinos “se plantea como una solución que, siempre y cuando sea regulada de manera cuidadosa, contribuirá a fortalecer la estabilidad económica y en consecuencia a mitigar la inseguridad en zonas de peligrosidad”, señala el Ejecutivo.

Además, la apertura y funcionamiento de esos negocios no solo genera oportunidades de trabajo directo, sino también empleos indirectos en sectores relacionados como hotelería y los servicios asociados.

“Este flujo de empleo no solo impulsa la economía local, sino que también es el medio para una red de estabilidad económica para individuos y comunidades enteras”, argumenta el Ejecutivo.

Noboa presentó las once preguntas de la consulta como un mecanismo para ofrecer seguridad, justicia y empleo, pero el analista económico Alberto Acosta Burneo comentó a EFE que, aunque la eventual reapertura de empresas de entretenimiento genere empleo focalizado, no es una solución a ese problema global en el país.

Para Noboa, “un casino genera empleo”, especialmente en provincias como la de Santa Elena, “en la cual más de 25.000 familias se quedaron prácticamente en la calle cuando se acabaron los casinos”, dijo este jueves al señalar que quieren volver al Ecuador “más atractivo para inversionistas turísticos (...), un lugar de mayor empleo y de mayor desarrollo”.

¿Posibilidad de delitos?

El expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo Gobierno se prohibieron los casinos, sostiene que la pregunta 11 es peligrosa porque “si hay algo que atrae al crimen organizado es el lavado de dinero, y donde más se lava dinero es en los casinos, en los juegos de azar”.

Al ser Ecuador un país dolarizado, Correa cree que abrir casinos es “la fórmula perfecta” para que el país sea “una lavandería de dinero y se potencie el crimen organizado”.

Coincide con Correa el experto en seguridad Fernando Carrión, quien comentó que “están asociadas esas industrias del entretenimiento con formas de lavado, en unos casos de narcotráfico, en otros de corrupción, y en otros de no pago de impuestos”.

Pero Acosta Burneo difiere con la postura de Correa: “Es absolutamente falso, más bien lo que estamos viendo son estos prejuicios de un grupo de gente que se dice de izquierda, pero que tiene una moral extremadamente conservadora, que le horroriza pensar en las apuestas y en los casinos, pero más bien desde unos prejuicios ideológicos moralistas”.

Anotó que casinos y otras actividades de entretenimiento, existen en el mundo y si están reguladas adecuadamente, no hay problema.

“Igual se podría decir de la actividad bancaria, pero para eso se hace y se adoptan normativas para evitar el lavado de dinero. Lo mismo podríamos decir de la actividad inmobiliaria ¿por qué no prohibimos entonces la actividad inmobiliaria?”, se preguntó.

Y subrayó que “no es prohibiendo actividades económicas que se combate el narcotráfico y elevado de dinero”.

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