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La empresa que abastece de electricidad a más de 5 millones de clientes en una de las regiones más tecnológicamente avanzadas del mundo enfrenta constantemente un dilema: O se expone a causar incendios forestales catastróficos o suspende el suministro y deja a oscuras a millones de clientes.
Pacific Gas & Electric, que se declaró en bancarrota con una deuda de US$ 30,000 millones, enfrenta la necesidad de invertir miles de millones en la modernización de su red y tiene un camino incierto por delante, ya que debe encontrar la forma de ofrecer un servicio confiable a gran parte de California.
Todo esto es producto de reiteradas fallas administrativas, de una deficiente supervisión de los reguladores y de políticos que hicieron la vista gorda. Inciden asimismo el cambio climático, una crisis en la vivienda y una red eléctrica vieja, que, al igual que buena parte de la infraestructura de Estados Unidos, ya no funciona como debería.
“Hay muchas responsabilidades dando vueltas”, dijo Christopher Knittel, director del Centro para Políticas Energéticas y Ambientales de la Escuela Administrativa Sloan del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
La mayoría de los expertos coincide en que, en el mejor de los casos, habrá incendios y apagones por años, y los californianos deberán pagar bastante por un servicio eléctrico inestable.
“Esto no será responsabilidad exclusiva de PG&E”, dijo Matthew Cordaro, ejecutivo del sector eléctrico de amplia trayectoria. “Los consumidores van a tener que pagar por esto”.
Los peligros asociados con el hecho de que mucha gente vive cerca de tendidos eléctricos y de bosques secos en una época de cambio climático eran conocidos, pero no generaron tanto interés hasta que la red eléctrica causó una serie de incendios que azotaron el norte de California hace dos años, causando graves daños y matando a decenas de personas. Por si esto fuera poco, un año después los tendidos de PG&E provocaron un incendio que destruyó la ciudad de Paradise y mató a 85 personas.
PG&E tiene 200,000 kilómetros (125,000 millas) de cables eléctricos, suficiente para dar vuelta cinco veces al Ecuador. Buena parte de esos tendidos atraviesan zonas boscosas, resecas por años de sequías y densas porque no se talan los árboles ni hay incendios naturales. El estado tiene 138 millones de árboles muertos, todos los cuales sirven de combustible.
Paralelamente, la escasez de viviendas en las ciudades hace que la gente se radique en las zonas boscosas.
Y el clima se está calentando. Los científicos no pueden atribuir los incendios a ese fenómeno, pero dicen que contribuye a la resequedad del ambiente y a elevar las temperaturas y la intensidad de los vientos. Todos estos factores ayudan a avivar las llamas. Cinco de los incendios más grandes y siete de los más destructivos ocurrieron en la última década. El más letal fue causado por cables eléctricos.
La negligencia de PG&E en la manutención de su red fue tal que fue declarada responsable de una explosión en su sistema que mató a ocho personas y destruyó decenas de viviendas en San Bruno, California, en el 2010. Fue multada luego de que un jurado investigador determinó que había comprometido la seguridad de la población y engañado a los investigadores en un esfuerzo por encubrir sus fallas.
El gobernador de California Gavin Newsom acusó a PG&E de dar prioridad a sus accionistas y a sus ejecutivos, en detrimento del mantenimiento de la red y la tala de árboles, que podría prevenir incendios.
“Hay mucho dinero en dividendos que debió haber ido a los árboles”, afirmó el juez de distrito William Alsup durante una vista en abril, según KQED News.
El CEO de PG&E Bill Johnson afirma que los apagones protegen a la gente y que tomará una década modernizar la red para poder evitar el corte del suministro eléctrico.
Al margen de las deficiencias que pueda tener PG&E, las empresas de suministro eléctrico son una de las industrias más reguladas del país y los reguladores no han hecho un trabajo adecuado.
“La Comisión de Servicios Públicos de California debe supervisar a PG&E y asegurarse de que toman medidas que benefician el bien público”, dijo Knittel, de MIT.
PG&E ya se declaró en bancarrota hace casi 20 años y salió de esa crisis en el 2004, gracias a un rescate que costó a los californianos un promedio de entre US$ 1,300 y US$ 1,700 por persona.
Se suponía que ese dinero garantizaría un servicio confiable. Pero no fue así y siguen haciendo falta miles de millones de dólares para modernizar la red y talar árboles.
Newsom ha renovado el equipo de reguladores y dice que PG&E “no puede seguir funcionando como hasta ahora”.
Kris Mayes, quien fuera la principal reguladora de los servicios públicos en Arizona, sostiene que “estos servicios han podido construir grandes obras a lo largo de décadas, incluidas estas redes eléctricas que están causando incendios”. Plantea que PG&E debería ser dividida en varias entidades más manejables y que hay que buscar formas de no depender tanto de líneas de transmisión largas.