El Ministerio de Justicia (Minjus) denegó el permiso a la (CTO) y H2Olmos, ambas de Odebrecht, para el pago de proveedores extranjeros que aseguran el funcionamiento y mantenimiento del , incluyendo una deuda acumulada por US$ 234,000 vinculada al préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se usó para financiar el proyecto.

De acuerdo al reglamento de la Ley No 30737, que asegura el pago de la reparación civil de empresas vinculadas a casos de corrupción, es este ministerio el que autoriza las transferencia al exterior en caso de deudas a acreedores u otros pagos pendientes que puedan afectar el valor de la concesión o de los activos ubicados en Perú.

Para lo cual tiene un plazo de 10 días contados desde el día siguiente de recibida la solicitud de la empresa que requiere efectuar estas transferencias para autorizar los desembolsos, luego de verificar que este pago no corresponde a dividendos o ganancias de la firma.

Según la han pasado 120 días, tomándose en cuenta que se presentó, en mayo, la solicitud para efectuar una transferencia al banco HSBC de Nueva York (Estados Unidos) por el contrato de derivados SWAP vinculado al préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), pero la autoridad peruana – representado por el Minjus – no autoriza este pago.

Fuentes vinculadas a esta operación explicaron a Gestión.pe que desde el 2009 y hasta mayo de este año, se efectuaron 35 pagos al HSBC. No obstante, tras la entrada en vigencia de la Ley No 30737, son tres pagos los que no han sido aprobados por el Minjus sin tener una respuesta o sustento que indique a qué se debe esta negativa.

“Cada pago es de US$ 78,000 por lo que en total son US$ 234,000 los que están pendientes al HSBC. Ello no quiere decir que la concesionaria no tenga capacidad financiera para hacer estos desembolsos, sino que el Minjus no los autoriza pese a que no corresponden a ganancias o dividendos, sino al pago de un crédito”, indicaron las fuentes.

Los pagos al HSBC, añadieron, resulta de un contrato de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que ha participado tanto en como en H2Olmos, en el financiamiento del proyecto de irrigación.

Proveedores extranjeros

La negativa del Minjus para efectuar la transferencia al banco HSBC no es la única, ya que a esta se suma el impedimento para pagar a proveedores extranjeros, en total a 10, como al ingeniero independiente del proyecto Olmos al que se le debe cerca de US$ 60,000.

“Este es un profesional contratado por la CAF que supervisa la operación y el mantenimiento del proyecto de irrigación. Cabe precisar que existen contratos con la CAF, como parte del financiamiento otorgado, para que la concesionaria () pague a un ingeniero que se dedique, valga la redundancia, a supervisar la operación”, aclararon las fuentes consultadas.

En este caso, el Minjus sí ha contestado a la afirmando que “no califica dentro de los pagos al exterior que debe aprobar”.

La autoridad también ha negado las transferencias de otros proveedores como a consultores extranjeros especializados en seguridad de presas y monitoreo geológico, específicamente a una empresa noruega y otra argentina, aduciendo “que no se enmarcan dentro de la ley”. A estos consultores se les pagaba un promedio de US$ 40,000 al año.

A esta situación se suma que tampoco se están aprobando los pagos para cancelar la importación de repuestos e instrumentación especializada que no están disponibles en el país y que requiere un proyecto como Olmos.

“Lo que está interpretando el Minjus es que estos pagos a consultores o para importación de repuestos, no afecta el valor de la concesión, dejando de lado que son necesarios”, agregaron las fuentes vinculadas a esta operación. Las mismas subrayaron que esta negativa del Gobierno, no paraliza por el momento la operación de Olmos pero sí la pone en riesgo, al no contar con los servicios de personal y material altamente especializado.

“El Minjus está tomando decisiones técnicas que no les corresponde. Su función es determinar si el pago al exterior es realmente por un servicio que se brinda a la concesionaria. Su objetivo, en cambio, no es romper la cadena de pagos de proveedores con los que existe una obligación”, puntualizaron.