SK cancela venta de su participación en Camisea a Pluspetrol tras desaprobación de gobierno peruano

La planeada venta por parte del grupo coreano SK Innovation Co. de su participación en dos yacimientos de gas peruanos a la firma de energía argentina Pluspetrol ha sido cancelada, luego de su desaprobación por el Gobierno peruano, según mostró el martes un informe regulatorio.

La refinería surcoreana dijo en su informe que su contrato con Pluspetrol, para ceder el 17.6% de la participación en los lotes 56 y 88 (Camisea), situados en la región del Cusco, fue concluida.

“Pese a nuestros continuos esfuerzos, el contrato ha sido terminado, inevitablemente, sin completar el proceso de venta, debido a la postura del Gobierno peruano en contra de la venta”, dijo la compañía, citada por la agencia de noticias Yonhap.

SK Innovation había alcanzado en setiembre del 2019 un acuerdo con Pluspetrol, en lo que habría ayudado a la firma obtener US$ 1,050 millones en efectivo.

SK Innovation había dicho que utilizaría el dinero para aumentar su inversión en otros sectores prometedores de energía, como las áreas de baterías y materiales, y ampliaría su presencia en los mercados asiáticos y norteamericanos.

Arbitraje a la vista

El 27 de setiembre del 2019, Pluspetrol, a través de sus subsidiarias Pluspetrol Camisea S.A. y Pluspetrol Lote 56 S.A., anunció la adquisición del 17.6% de participación de SK Innovation en los contratos de licencia de los lotes 56 y 88. Los yacimientos de Camisea están ubicados en el distrito de Megantoni, región Cusco, y constituye una de las reservas más grandes de gas y condensado de Latinoamérica. Pluspetrol y SK planeaban completar la transacción una vez que se cumplan las aprobaciones de las autoridades correspondientes, entre ellas Perupetro.

La evaluación de Perupetro buscaba determinar si la capacidad técnica y financiera de Pluspetrol califica para adquirir dicha participación en cada uno de los contratos de licencia de Camisea. De haberse otorgado la calificación requerida para la transacción, se hubiese llevado a cabo la cesión mediante la modificación del contrato, aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.

No obstante, este paso no se concretó y ya a inicios del 2021 la empresa SK Innovation estaba evaluando interponer un arbitraje internacional contra el Perú, en tanto el gobierno -alega- estaba reteniendo su decisión de aprobar la salida de SK del proyecto de gas de Camisea.

“Si Perú aprueba el acuerdo para fines de febrero [del 2021], se evitaría un arbitraje largo y costoso”, dijo la firma en ese entonces.

“El Gobierno peruano está reteniendo la aprobación para realizar enmiendas a los acuerdos de licencia de Camisea con los miembros restantes del consorcio que no están relacionados con la salida de SK y que no tiene derecho a negociar”, subrayó la firma.

Además, Pluspetrol reveló a mediados de febrero pasado que antes de aprobar la cesión, el Gobierno peruano estaba requiriendo que los socios del consorcio incluyan cláusulas anticorrupción en los nuevos contratos a firmar (por los lotes antes citados).

“SK está en lo correcto cuando dice que (la mencionada exigencia del Estado) no debería ser una precondición para la aprobación de la operación de venta, porque este requisito adicional no está contemplado en la ley”, fustigó la firma argentina.

Añadió que tal cesión debe materializarse a través de una enmienda al contrato de licencia, “pero el Estado peruano pretende introducir al contrato de licencia cláusulas no relacionadas con la venta, condicionando con ello la salida de SK”.

Asimismo, Pluspetrol refirió que, hasta ese entonces, el gobierno estaba proponiendo, entre otras cláusulas, que todos los socios se hagan responsables de las acciones no solo propias sino de los otros (solidarias) y sin límite de geografía ni tiempo.

“Es decir que si algún socio es acusado de un acto de corrupción en algún lugar del mundo y en algún momento de su historia, no solo este socio perdería la licencia sino todos los integrantes del consorcio. Esto, sin duda, es una carga que no es razonable para los miembros del consorcio”, aseveró.

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