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El proyecto de ley que alista el Gobierno para modificar la Ley General del Ambiente, que podría revocar la concesión o licencia de operación a empresas petroleras o mineras, u otras que puedan generar impactos ambientales, añade mayor incertidumbre a las inversiones que requiere el país, según gremios del sector.
Como informamos, la modificación propuesta plantea que cuando una empresa haya sido sancionada por incumplir una medida preventiva dispuesta por el OEFA en medio de una declaratoria de emergencia ambiental, este podría revocarle el título habilitante. Plantea además que, solo con el proceso administrativo se podría imponer tal revocatoria, es decir sin llegar al Poder Judicial.
SNMPE
Para Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dado el clima de desconfianza que ha generado en el sector empresarial privado el gobierno de Pedro Castillo, a través del mencionado proyecto de ley perfectamente podría estar buscando que la normativa medioambiental permita revocar concesiones y tomar el control de las actividades extractivas, ya que por vía de expropiación no lo podría hacer.
Señaló que hoy ya la regulación ambiental establece sanciones administrativas que aplican multas que no son bajas, y bien podría aplicarse una mayor regulación sobre las actividades que pueden tener impacto en el ambiente.
“Pero, eso de tener la amenaza permanente de revocar el título habilitante o la concesión, es inaceptable; tendría que ocurrir un daño catastrófico para que eso ocurra, pero el tema es quién define qué determinado impacto alcanza o no ese nivel”, aseveró.
IIMP
Por su parte, Carlos Diez Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que resulta contradictorio que mientras el Gobierno no hace nada para enfrentar la minería ilegal que genera contaminación, pretenda afectar con ese proyecto a empresas formales que cumplen estándares internacionales en su producción.
En corto
- OEFA. Esa entidad informó que impuso multa equivalente a más de S/5 millones a refinería La Pampilla por incumplir con identificar zonas afectadas por el desplazamiento de crudo derramado el pasado 15 de enero.