:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Q5QAVB5POBEGXDITI75JAD6VZI.jpg)
El Ministerio Público investiga al menos 12 casos de deforestación por monocultivos que son importantes por las extensiones de bosque talado. Entre ellas se encuentra el caso Tamshiyacu, sobre el cual la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Iquitos lleva adelante un proceso penal por deforestación.
En el 2013, fueron deforestadas en Loreto unas 1,900 hectáreas de territorio que incluía bosques, donde operaba la empresa Cacao del Perú Norte (ahora Tamshi SAC); la FEMA imputó a los empresarios el haber eliminado los árboles con una motosierra, sin contar con autorización. Por esta razón, son investigados tres directivos de la empresa y esta misma, en calidad de tercero civil responsable, según documentos a los que accedió Gestión.pe.
En este contexto, Alonso Rey, representante legal de Tamshi, respondió a estas investigaciones y señaló que existe más información entorno a estas hectáreas antes mencionadas que debe ser considerado.
Por ejemplo, refirieron que los bosques deforestados según la Fiscalía son adjudicadas por el Ministerio de Agricultura (Minagri) que inspeccionó previamente las parcelas que se iban a adjudicar y determinó que existían actividades agrícolas prexistentes desde al menos 1987.
En el titulo archivado de las parcelas del fundo Tamshiyacu el Estado consignó que: el objeto de la adjudicación es la “explotación agropecuaria”; se trata de “parcelas agrícolas”; y se otorgó a sus titulares el ejercicio “pleno de su derecho de propiedad”, sin limitación o carga alguna. Asimismo, aclaró, el Estado no podría adjudicar tierras forestales por que se encuentra prohibido desde el año 1975.
Otro dato que consideró relevante fue que en marzo del 2015 por Resolución de la Corte Superior de Iquitos se estableció que es imposible imposible que haya existido una deforestación en Tamshiyacu toda vez que desde siempre fueron tierras agrícolas. Señaló además que no se requería de una autorización de cambio de uso y consecuente desbosque y, por ende, archivó el caso en lo referente al delito de deforestación. “Esta Resolución es cosa juzgada”, refiere.
Caso Tamshiyacu IV
Entre los 12 casos de investigación también está el conocido como Tamshiyacu IV, que -según los documentos- involucraría a Dennis Nicholas Melka y otros ocho directivos y exdirectivos de la citada compañía por el presunto delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables. La Fiscalía aduce que esta taló 359 hectáreas adicionales de bosque entre 2014 y 2017, sin contar con la autorización para el cambio de uso del suelo.
Según Rey, sobre el supuesto delito de tráfico ilegal de productos no existe prueba que demuestre que se ha retirado del fundo la madera. Para ello se hubieran necesitado 1,000 viajes en camiones por el poblado y utilizado 110 barcazas, de las más grandes para transportar la madera. “nunca nadie las vio ni en Tamshiyacu ni en Iquitos, porque nunca sucedió”, remarcó.
Existen pruebas e inspecciones, en el expediente, que toda la madera se encuentra en el Fundo como apiles para descomposición orgánica y campamentos, agregó; “sin embargo, Procuraduría y Fiscalía no aceptan pruebas que demuestran la verdad y es más se oponen a ellas, y se niegan a recibir testimonios de exgobernadores que señalan que nunca se vio un transporte de madera ni terrestre ni fluvial”, puntualizó.
“Es importante mencionar que los nuevos inversionistas son de Singapur y respetan escrupulosamente todas las normas en el país. No tenemos ninguna vinculación con Melka y lo hemos denunciado penalmente”, finalizó.