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Para las comunicaciones inalámbricas, a través de redes públicas y privadas, se usa el espectro radioeléctrico: una gama de ondas de radio para transportar información, que son ampliamente usadas por las empresas de telecomunicaciones para hacer posible las comunicaciones móviles y fijas.
Esta “carretera” es administrada por el Estado peruano, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), que asigna a las telcos una porción para proveer el servicio de comunicaciones a la población bajo el mecanismo de subasta.
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Un estudio realizado por la Asociación Mundial de Operadores y Proveedores de Comunicaciones Móviles (GSMA), al que Gestión tuvo acceso, da cuenta de que el alto costo del espectro en Perú (que implica precios de asignación más tasas anuales) tiene efectos negativos tanto en la cobertura como en la calidad de servicios móviles.
Lucas Gallito, director regional de GSMA, explicó que antes del 2013 su costo era relativamente asequible. Sin embargo, en ese año, la renovación de las bandas de 850 y 1,900 MHz fue valorizada muy por encima de la mediana regional. Tres años después, la asignación de un nuevo espectro en la banda de 700 MHz tuvo un costo 50% superior al promedio de América Latina.
Su alto precio respondió a que se asignó bajo el modelo de subasta a sobre cerrado, ya que no se contó con un mecanismo de descubrimiento de precios que minimice el riesgo de sobre oferta. A esto se añadió que en esa subasta participaron las cuatro operadoras del mercado por tres bloques de espectro. En aquella ocasión, los participantes enfrentaban el riesgo de quedarse sin espectro.
“Entre 2013 y 2016 el costo del espectro se duplicó, mientras que los ingresos de la industria decrecieron”, subrayó. Entre el 2016 y 2022, si bien se produjo una leve retracción, no respondió a una decisión del Gobierno peruano de reducir los precios, sino —refirió el especialista— a una caída de los ingresos de las telcos, en función de los cuales se calculan las tasas anuales por uso de espectro.
“De hecho, en Perú se puede ver, en los últimos diez años, cómo ha ido subiendo el costo del espectro como porcentaje de los ingresos de la industria: si hace 10 años las empresas de telecomunicaciones destinaban el 4.3% de sus ingresos para el costo del espectro (en asignaciones nuevas), hoy destinan casi 10%”, detalló.
El experto argumentó que en diez años casi se ha duplicado el costo del espectro para nuevas asignaciones. “Esto no es sostenible en el tiempo, tomando en cuenta que los ingresos de la industria se han mantenido a la baja”, remarcó.
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Un ejemplo de este incremento, recordó, es la asignación de las bandas AWS-3 y 2,300 MHz en junio, que ganó Bitel, y que estipulaba obligaciones de cobertura.
Para GSMA existe el riesgo de que esta tendencia al alza continué en las próximas asignaciones, incluyendo de las bandas para 5G.
Impactos
Para el experto, si los precios del espectro radioeléctrico continúan con su trayectoria al alza en un escenario de bajos ingresos de la industria, estos precios altos pueden consumir capital de las operadoras destinado no solo al despliegue de 5G, sino también a la extensión de 4G y a la mejora de la calidad de los servicios móviles en general.
Esto implica que las operadoras van destinar capex para espectro en vez de despliegue para más redes o fibra óptica. Incluso Gallito alertó que, de asignarse el espectro a las valuaciones actualmente consideradas para la banda 3.5 GHz (5G), la necesidad de reorientar capital de inversión hacia el pago de espectro implicaría que casi 1 millón de peruanos vean demorada la llegada de la cobertura 4G para 2028.
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A esto se suma que los usuarios de telecomunicaciones experimentarían una velocidad de descarga 20% menor a la posible.
Ante esta situación, recomendó que se tomen en cuenta ciertas acciones claves: procurar un pronto reordenamiento y asignación del espectro 3.5 GHz en consulta con la industria; fijar precios de espectro razonables, ajustados a las condiciones del mercado y al nivel de ingresos de la industria; priorizar los compromisos de cobertura por sobre las contraprestaciones monetarias a fin de inyectar dinero directamente en la expansión de las redes y valorizar adecuadamente estas obligaciones.
“No busquemos cosas psicodélicas para cerrar la brecha de infraestructura en telecomunicaciones. Una de las mejores políticas públicas para llevar cobertura digital es tener precios de espectro compatibles con más inversión. Chile, por ejemplo, tiene una mirada no recaudatoria distinta a la que hay en Perú”, puntualizó.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.