Las exportaciones nacionales de productos pesqueros para el consumo humano directo (CHD) alcanzarían los US$ 1,500 millones al cierre del presente año (una tasa de crecimiento de casi 13%), alcanzando un nuevo récord, destacó Carlos Milanovitch Nieto, presidente Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industria (SNI).
Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, la performance de este subsector exportador ha venido mejorando en los últimos años, al punto que, mientras en el año 2000 representaba solo el 16% del total de exportaciones pesqueras (el 84% era harina y aceite de pescado), el año pasado alcanzó el 41% del total.
Sin embargo, esta industria estaría amenazada por una serie de problemas que provienen de regulaciones ambientales, sanitarias y tributarias que, según afirma Milanovitch, encarecen los costos de producción de esta industria y le resta competitividad frente a sus competidores de países vecinos como Ecuador y Chile.
Hay que esperar 20 a 40 días para los certificados sanitarios, con costos de US$ 2,000.
Sostiene que, aun cuando este sector genera 150,000 empleos, y que este año se elevarían a 180,000, “estamos completamente descuidados por parte del Estado, cuyas instituciones y ministerios no nos dan la verdadera valorización que tenemos y, por el contrario, nos mantienen atados con normas y disposiciones atrasadas, obsoletas y que frenan nuestro crecimiento”.
Incluso, advierte que empresas de este sector, particularmente en Paita donde se concentra el 70% (26 en total) de las plantas pesqueras de este rubro, podrían quebrar si se les continúa aplicando normas que “no están contenidas en ninguna regulación del aparato tributario, y que “han originado ‘determinaciones’ y sanciones millonarias que ninguna de nuestras empresas podrá pagar” (ver recuadro).
Ambiente
En el tema ambiental detalló que las empresas pesqueras de Paita se ven obligadas a construir redes de desagües en terrenos ajenos a su propiedad, municipales o del Estado, para evacuar sus efluentes, “asumiendo elevados costos con inversiones que no les corresponde”.
Explicó que ello se debe a que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no solo les exige el tratamiento de sus efluentes, sino que se hagan responsables del destino final de ellos, en una zona industrial donde no se ha construido un sistema de alcantarillado y desagüe, y donde está prohibido evacuar esos efluentes al mar (y se aplican fuertes multas por ello).
Sostiene que la Municipalidad de Paita sería la que debería instalar ese sistema de alcantarillado y desagüe.
Sanidad
Los problemas en el campo de la sanidad, según detalló Milanovitch, vienen por los plazos y costos de la certificación sanitaria que se exigen para la exportación de sus productos (y que los emite Sanipes).
Refirió que mientras exportadores de países vecinos como Ecuador y Chile embarcan sus productos en menos de 24 horas de tenerlos terminados, con un costo que no supera los US$ 50.00 por contenedor, en el Perú el exportador tiene que esperar entre 20 y 40 días una vez terminados sus productos, “para obtener las analíticas y certificados sanitarios requeridos para embarcar los productos, y con costos que superan los US$ 2,000.00”.
En la zona industrial de Paita no se ha construido un sistema de alcantarillado y desagüe.
La solución sería, en su opinión, clasificar a las plantas industriales (como se hace en Ecuador y Chile y otros países), de tal forma de controlar la calidad de sus producciones a través de una inspección o auditoría anual, que les permita a las empresas embarcar sus productos terminados inmediatamente estén listos para su exportación.