Londres (Foto: Bloomberg)
Londres (Foto: Bloomberg)

La factura que abonará el Reino Unido al abandonar la Unión Europea (UE) puede diferir de las estimaciones que ha hecho públicas el Gobierno, alertó la Oficina Nacional de Auditorías británica (NAO, en sus siglas en inglés), organismo parlamentario que evalúa el gasto público.

Londres prevé pagar entre 35,000 millones y 39,000 millones de libras (de 39,900 millones y 44,500 millones de euros) por contribuciones a la UE ya acordadas y otros conceptos, si bien la NAO considera que "cambios relativamente pequeños" en los supuestos con los que trabaja el Ejecutivo pueden "empujar" el coste "fuera de ese rango".

La Oficina Nacional de Auditorías ve "razonable" el cálculo del gabinete, si bien cree que el coste real de la salida del bloque comunitario no se puede establecer hasta que estén claras las condiciones de la salida y el futuro acuerdo entre ambos lados.

En particular, será necesaria mayor certidumbre sobre las condiciones del periodo de transición, previsto entre abril del 2019 y diciembre del 2020, el coste final de su aportación a las pensiones de funcionarios británicos y qué organizaciones del Reino Unido participarán en programas comunitarios tras el "Brexit".

La NOA señala que el Reino Unido podría tener que hacer frente a obligaciones no previstas hasta ahora, como aportaciones al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Desarrollo.

El organismo subraya que las incertidumbres sobre el futuro acuerdo entre Londres y Bruselas, cuya negociación sigue en marcha, significan que el coste podría ser finalmente mayor o menor al previsto.

"Las estimaciones tienen en cuenta diversos conceptos que fluctúan, así que el rango del coste podría haber sido más amplio", indicó en un comunicado el director de la Oficina Nacional de Auditorías, Amyas Morse.

A medida que se acerque la fecha del "brexit", previsto para el 29 de marzo del 2019, y el futuro voto en la Cámara de los Comunes sobre el eventual acuerdo que se alcance con la UE, Morse espera que el Gobierno "entregue una cantidad sustancial de material para que el Parlamento lo considere".

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