Incertidumbre electoral y Petroperú elevan riesgo para cuentas fiscales

Asimismo, señaló que el escenario de adelanto de elecciones e incertidumbre que provoca ese proceso será también clave por su impacto en las expectativas de las empresas.

“El déficit fiscal podría tomar niveles más altos hacia adelante, hasta el 2025, que nuestro estimado base de 1.8%, y estaría sujeto a lo político. Si estamos en un escenario bueno, el déficit podría ubicarse en 1.6% y si es malo en 2.2%. Los factores determinantes serían la continuación de la crisis política, con un deterioro de las expectativas empresariales, y un candidato populista. El contraste sería un candidato de centro derecha, promercado, y un entorno internacional positivo. Por el lado de Petroperú, se tiene que entender que hoy hay recursos, pero en cuanto se normalice la situación externa sería más difícil alcanzar las metas fiscales”, aseveró.

Del mismo modo, el ex viceministro de Economía, Carlos Casas, mencionó que el impacto de las elecciones, al igual que una posible continuidad de la convulsión social, podría afectar el resultado económico del 2023. Además, indicó que la situación de la empresa estatal seguiría pesando en el escenario fiscal.

“Más inestabilidad genera menor actividad económica y eso golpea por la recaudación. Sí hay candidatos radicales, es posible que haya impacto en la actividad de las empresas o la gente patearía consumo. Asimismo, de seguir la conflictividad social podría presionarse el gasto, de darse nuevos bonos para apaciguar la situación. Petroperú podría ser un riesgo que se mantenga si no se hacen cambios. Con un nuevo gobierno, deberían haber mejores cuadros para Petroperú. Se debe poner a operar la refinería, y tiene también algunos lotes petroleros que tiene que asumir, pero no lo hacen”, afirmó.

Por su parte, BBVA Research indicó que PetroPerú es un riesgo para la situación fiscal, en particular para la deuda pública.

Prevé déficit alrededor de 2% del PBI en adelante, con ingresos fiscales que se moderarán por una reducción de precios de metales y menor demanda interna. Hacia el 2025 el déficit sería alrededor de 2%, estima.

“Es un pasivo (Petroperú) contingente por garantías otorgadas y riesgo macrofiscal si la empresa no mejora su gestión (reciente apoyo financiero lo exige)”, mencionó.

Déficit al cierre del 2022

El déficit fiscal habría cerrado el año pasado en 1.6%, según el Banco Central de Reserva (BCR).

La institución monetaria señaló que tal estimado incorpora una revisión al alza de ingresos corrientes, ante la mayor recaudación observada en los últimos meses y una revisión a la baja de los gastos no financieros, en particular de su componente corriente.

Redujo su proyección de gastos no financieros de 22.1% a 22% del PBI para el 2022. Ello sería atenuado, en parte, por el mayor gasto de capital, tanto por el componente de formación bruta de capital (aceleración de los desembolsos de gobiernos subnacionales en el último trimestre del año) como por otros gastos (apoyo del Tesoro Público a Petroperú).

El déficit fiscal de noviembre (1.6%) fue superior al de octubre, y se explicó principalmente por los mayores gastos no financieros del gobierno general, en particular por el segundo tramo de apoyo otorgado a la empresa estatal (S/ 2,000 millones), y formación bruta de capital (por la mayor ejecución de los gobiernos subnacionales).

Casas sostuvo que sin el factor Petroperú el resultado económico de noviembre hubiese sido mejor, lo que también se reflejaría en la cifra de todo el 2022.

“Definitivamente Petroperú tuvo un impacto, pero como hay holgura el Ministerio de Economía Finanzas (MEF) ha cedido. El déficit es menor incluso al que se esperaba en un inicio para el año”, afirmó.

El economista mencionó que el impacto de las protestas podría retrasar el despliegue de gasto en obra pública, lo que redundaría en el déficit fiscal, haciéndolo menor a lo esperado.

Enfatizó que departamentos como Apurímac, Arequipa y Cusco, que son focos de conflicto y tienen ingresos importantes por canon.

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Datos de Petroperú

• Para atender los problemas de liquidez de la empresa estatal, el MEF dio aportes en mayo del 2022 por US$ 750 millones y una autorización en octubre de S/ 4,000 millones como capital. Además, dio US$ 500 millones como garantías crediticias a través del Banco de la Nación.