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Por Mac Margolis
La nefasta infraestructura de América Latina es bien conocida. También lo son los costos de oportunidad de una baja inversión y negligencia en puertos, carreteras, obras hidráulicas y red eléctrica durante años.
Solo hay que preguntar a las casi dos terceras partes de las empresas privadas en Argentina, Venezuela y Ecuador que, según el Banco Mundial, están tratando de hacer negocios en medio de cortes crónicos del suministro eléctrico.
Si la región no invierte más dinero en infraestructura, América Latina y el Caribe podrían perder hasta un 15% del potencial de crecimiento del producto bruto interno (PBI) en los próximos 10 años, me dijo José Agustín Aguerre, gerente de infraestructura y energía del Banco Interamericano (BID).
Dado que se pronostica que la región quede rezagada del resto del mundo en crecimiento del PBI, es probable que el infortunio aumente. Esta es solo una de las conclusiones de “El camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe”, un nuevo estudio del BID sobre los problemas de infraestructura de la región. Otra conclusión es quién sufre más por la debacle.
Los 33 países de América Central, del Sur y el Caribe están en riesgo, pero está claro que el peso de los servicios en mal estado no está repartido por igual.
Los trabajadores y hogares más pobres asumen una parte desigual del costo del transporte destartalado, el agua sucia, los cortes de electricidad en serie y comunicaciones irregulares. Sume a ello la pandemia de coronavirus, y la difícil situación de los que tienen menos es aún más grave.
No es ningún secreto que una infraestructura robusta estimula el crecimiento. Pero los políticos de la región tradicionalmente han acometido grandes obras públicas mal concebidas y han cruzado sus países con asfalto y redes eléctricas a ninguna parte, con demasiada frecuencia llenándose sus bolsillos en el camino. (Construir y engañar fue la lógica detrás de la Operación Lava Jato, el escándalo de los contratos públicos del Gobierno brasileño).
Empresas latinoamericanas y caribeñas pagan el doble en sobornos en contratos públicos que sus pares en las naciones más ricas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Operar y mantener esos llamativos proyectos es otra historia, y aquí es donde los líderes regionales han fallado. Las carencias en la supervisión, la falta de competencia y la corrupción resultan en ineficiencias que costaron a América Latina y el Caribe el 0.65% del producto interno bruto al año, según el BID.
América Latina celebraba recientemente una disminución drástica de la pobreza y la reducción de una de las desigualdades de ingresos más altas del mundo. Los programas de transferencia de efectivo para las familias en dificultades se convirtieron en un referente político para combatir la pobreza sin arruinar los presupuestos de asistencia social.
El progreso social se paralizó con el fin del auge de las materias primas y ha dado marcha atrás desde que la región se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. Las poblaciones y los individuos más vulnerables son nuevamente los más afectados, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres el mes pasado.
El covid-19 ya ha expuesto una infraestructura digital vinculada a la clase social en la región. Cierres de escuelas durante la cuarentena obligaron a 154 millones de estudiantes latinoamericanos a estudiar digitalmente, según UNICEF. Y, sin embargo, al menos seis de cada 10 hogares de la quinta parte con ingresos más bajos de la sociedad carecen de conexiones web rápidas y fiables necesarias para el aprendizaje remoto.
Compárese con la quinta parte más alta de los asalariados, donde ocho de cada 10 hogares tienen acceso a conexiones fijas de banda ancha de alta velocidad en sus hogares, según informa la OCDE.
La mitad de los jóvenes de 15 años en hogares adinerados inician sesión en plataformas de aprendizaje como Google Classroom y Microsoft Teams, pero solo una quinta parte de los que se encuentran en zonas pobres tienen esa capacidad, descubrió la OCDE.
Peor aún, solo el 45% de los estudiantes de familias más pobres tienen acceso a computadoras en el hogar, en comparación con el 88% de sus pares en las escuelas de mayores ingresos. En Bolivia, el país más pobre de América del Sur después de Venezuela, el Gobierno ha cancelado esta semana el resto del año escolar citando la falta de conexión a internet.
La brecha digital va más allá del aula. Incluso para los latinoamericanos con acceso, conectarse a Internet puede ser frustrante y prohibitivo. El 40% de los latinoamericanos que menos ganan deben pagar alrededor del 10% de sus salarios mensuales por un servicio básico de banda ancha de 1 gigabyte.
Eso es más de tres veces lo que pagan las personas de bajos ingresos en los países más ricos de la OCDE por el mismo servicio, y cinco veces el objetivo establecido por la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas para 2025.
La movilidad urbana también está sesgada hacia los adinerados. Los pobres, que a menudo viven más lejos del trabajo, gastan una mayor parte de sus ganancias en sistemas de transporte público inestables.
Con pocas opciones de transporte público, o simplemente para ahorrar en billetes de autobús y metro, alrededor del 40% de los que ganan menos caminan al trabajo o al mercado, frente a solo el 10% de los viajeros más ricos.
Los pobres también pagan caro por la energía, y a menudo consumen gas en botella, más caro, para cocinar porque los gasoductos municipales no llegan a sus comunidades. En el 2016, unos 80 millones de latinoamericanos seguían dependiendo de combustibles caros y contaminantes como el carbón, el queroseno y la madera.
Y a pesar de la enérgica expansión de las líneas eléctricas, muchas de las casas más humildes -casi la mitad de los pobres en Panamá, el 30% en Guatemala y Honduras y el 20% en Bolivia y Perú- no tienen acceso fiable a la electricidad cuando no son plenamente independiente de la red.
En general, la mitad inferior de la sociedad latinoamericana y caribeña gasta casi 30% más en servicios públicos que otras regiones en desarrollo, concluyeron Aguerre y su equipo de investigación.
Los menos afortunados son los grandes perdedores en la crisis de infraestructura, pero el hecho de que serían los más beneficiados de las mejoras tan necesarias es un dato alentador.
Considere la movilidad urbana. La expansión de los servicios de autobuses rápidos, que ahora atienden a 13 países de la región, podría reducir los tiempos de viaje urbano, en siete minutos en Lima y 11 minutos en Cali, para los pasajeros de menores ingresos con trayectos más largos.
El aumento de la eficiencia de infraestructura a través de la tecnología inteligente (medición digital, drones y sistemas GPS) podría reducir los precios y las tarifas de servicios públicos. Dado que los pobres gastan gran parte de sus ganancias en tales servicios, tienen proporcionalmente más que ganar con la caída de los precios.
El BID estima que diez años de mejoras en la eficiencia de la infraestructura podría aumentar las ganancias de los consumidores peor pagados en un 28% más, de media, que los ricos. Los ingresos de los chilenos pobres podrían aumentar un 70% más que los de los ricos, mientras que la diferencia para los peruanos pobres sería de 40% frente a los más ricos.
La situación presenta a América Latina una inusual oportunidad en la mejora de tuberías, cables y colas de autobuses de la región y convertiría una crisis en una victoria para el desarrollo y la justicia social.