Inseguridad ciudadana de lado: S/ 1,798 millones se dejó de invertir en cinco años

El Gobierno, hace unos días, declaró en estado de emergencia por 60 días los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como siete localidades de la provincia de Sullana, en la región Piura, con el objetivo de hacerle frente al crimen organizado y la delincuencia.

Para enfrentar esa situación, el Ejecutivo tiene previsto destinar en el 2024 el monto de S/ 16,213 millones a la función de orden público y seguridad en los tres niveles de gobierno, pero solo representa el 6.7% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de dicho año (S/ 240,806 millones).

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Dentro de los programas presupuestales, destaca la categoría de “reducción de delitos para la seguridad ciudadana”, orientado a reducir los niveles de victimización en la población, con S/ 5,128 millones, que es el 58.5% de la función.

Este programa considera la entrega de los productos patrullaje por sector y operaciones policiales a través de los cuales se destina una mayor cantidad de personal policial para combatir la comisión de delitos y faltas.

Si bien el monto que se pretende dar para orden público y seguridad es un incremento del 11%, en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 2023, el nivel de ejecución de inversión no ha sido eficiente en los últimos.

De acuerdo a data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en los últimos cinco años se dejó de invertir contra la inseguridad ciudadana S/ 1,798 millones del presupuesto asignado en orden interno para proyectos de inversión, destinado al orden público y seguridad. [ver recuadro]

En lo que va del 2023, solo hay un avance del 33.3% del PIM de S/ 921.1 millones en orden interno para proyectos.

Con datos del Banco Interamericano de desarrollo (BID) al 2017, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que la criminalidad le cuesta al Perú 3% de su producto bruto interno (PBI).

En esa línea, el economista manifestó que debemos acostumbrarnos a cumplir resultados en estos casos.

“De nada sirve que se compren más patrulleros si luego no hay repuestos y quedan tirados o poner más cámaras de seguridad que nadie revisa”, refirió a Gestión.

Asimismo, el economista señaló que, como en la mayoría de sectores, más que el presupuesto, hay urgencia por solucionar problemas de gestión.

“La policía debe contar con remuneraciones y equipamiento adecuado, pero sobre todo con liderazgo comprometido, sin corrupción, y capaz de aplicar los mejores sistemas de inteligencia y tecnología disponibles. Por supuesto que hay un tema de presupuesto aquí, pero probablemente no es lo central”, apuntó.

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Mypes afectadas

Según datos de la Policía Nacional (PNP), la extorsión es uno de los delitos criminales que ha registrado un gran aumento en nuestro país de hasta un 50% a agosto de este año en comparación con la misma temporada del 2022.

Lima región tiene un total de 6,591 reportes por este caso en los primeros ocho meses del 2023.

Daniel Hermoza, director ejecutivo de Mypes Unidas del Perú (MUP), comentó que el gran problema para las micro y pequeñas empresas (mypes) es la extorsión.

Mencionó que los distritos catalogados como ‘zonas rojas’, donde el delito de extorsión se comete con mayor frecuencia, son Lima Norte: Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, Puente Piedra, Los Olivos. Luego le sigue Lima Este con Ate, San Juan de Lurigancho, El Agustino, entre otros distritos.

“Los sectores que están más propensos son los minoristas, a quienes les piden dinero por US$ 2,000 mensuales y una bodega ni siquiera llega a la mitad de eso. Es obvio que la policía no tiene capacidad de estar cuidando una bodega”, aseveró.

Detalló que aproximadamente 400,000 comercios minoristas formales en Lima son potenciales al riesgo de las extorsiones y delincuencia.

“Se estima que en lo que va del año, en Lima hay unos 15,000 negocios que han cerrado por tema de inseguridad; es decir, un 3.8% del total registrado”, remarcó.

Agregó que el tema de inseguridad ahuyenta a los inversionistas y emprendedores o en todo caso hay más negocios informales.

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Soluciones

Para Rubén Vargas, exministro del Interior, el presupuesto público 2024 que se pretende asignar a la función orden público y seguridad de S/ 16,213 millones no es suficiente, debido a que vivimos por años una ola de inseguridad.

“El problema de la criminalidad tiene que ser entendida en dos niveles: el crimen organizado urbano, ahí están las extorsiones, robo agravado, sicariato, trata de personas, secuestro, y el otro es el crimen vinculado a las economías ilegales con minería ilegal, tráfico de droga, contrabando, tala ilegal, entre otros”, precisó.

En ese sentido, Vargas sugirió que para enfrentar la criminalidad urbana se necesita dotar de tecnología a las unidades especializadas.

“Un software que permita realizar geolocalización en tiempo real puede marcar la diferencia en el combate contra las extorsiones”, dijo.

Además, el experto recomendó un equipo que permita generar copias de espejo de celulares incautados y hacer el análisis respectivo para la lucha contra las organizaciones criminales.

También repotenciar la plataforma de interceptaciones legal de las comunicaciones, conocida como constelación, que tiene la PNP.

“Esta plataforma es muy pequeña si comparamos con Colombia. Aún así funciona solo al 50% por falta de recurso y personal capacitado. Ahorita el Gobierno no tiene ningún plan estratégico para la inseguridad, ¿qué es el plan Boluarte? No existe”, argumentó.

SOBRE EL AUTOR

Javier Artica

Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.