Mayor presupuesto en orden y seguridad, sin logros en la lucha contra la delincuencia

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) compartió, en exclusiva con Gestión, un análisis sobre los recursos con los que cuenta el país para combatir estos flagelos y cuál ha sido el impacto hasta ahora.

En los últimos cinco años, el gasto destinado a acciones que garanticen el orden, tranquilidad y seguridad pública se incrementó de S/7,130 millones, en el 2018, a S/8,123 millones en el 2022, lo cual significa un crecimiento acumulado del 13.9%.

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A noviembre del 2023, este gasto se incrementó en 5.3% respecto a similar mes del año anterior. Para el 2024, la Ley de Presupuesto dispone S/16,234 millones para el orden interno.

Los recursos presupuestados para el 2024 significan un incremento del 13% respecto al presupuesto de apertura del 2023, cuatro puntos porcentuales por encima del promedio de la tasa de crecimiento del presupuesto para orden interno del periodo 2018 a 2023.

Los datos muestran que, del total de recursos para el próximo año, S/13,871 millones (85%) han sido destinados a entidades del Gobierno nacional, mientras que S/380 millones (2%) y S/1,982 millones (12%) han sido asignados a entidades de los gobiernos regionales y locales, respectivamente. En particular, destaca el incremento del presupuesto para el Gobierno nacional (12%) y gobiernos locales (32%).

Minería ilegal. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) reconoció que hay al menos 19 territorios en el Perú con minería ilegal con mayor riesgo de seguridad. Estos son Nasca, Palpa, Camaná, Caravelí, Madre de Dios, Puno, Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco, Cajabamba, San Marcos, Condorcanqui, Ayabaca, San Ignacio, entre otros.

Gasto ineficiente

Los países de América Latina gastan una proporción relativamente grande del PBI en orden público y seguridad, y un mayor gasto en seguridad se produce en los países con más criminalidad, sin que ese mayor gasto tenga resultados positivos y conlleven progresivamente a un ambiente de paz (FMI, 2023).

Esta relación empírica también se evidencia en Perú con datos a nivel regional. En los departamentos donde el gasto per cápita es más elevado se observan mayores tasas de inseguridad. Así, de acuerdo con datos para el 2022, el Callao, Madre de Dios y Tumbes, son los departamentos que presentan un mayor gasto per cápita, y presentan la mayor cantidad de personas detenidas por la comisión de delitos por cada 1,000 habitantes (10.6, 31.7 y 15.8, para cada departamento, respectivamente).

En general, el mayor gasto en seguridad no se condice con mayores resultados. Mientras en el 2019 hubo 131,876 efectivos policiales disponibles a nivel nacional, en el 2022 se redujo el número a 130,861.

En el caso específico de la capital del país, el elevado gasto per cápita en seguridad (S/488) no se ha traducido en mejores condiciones de seguridad ciudadana. Lima posee el 22% de comisarías que operan en condiciones inadecuadas, once puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Todo esto discurre en un contexto en el cual la delincuencia representa el problema que más afecta a los peruanos (23%), según encuesta de Ipsos de octubre de 2023.

Criminalidad y crecimiento

Según el Fondo Monetario Internacional (2023), un aumento del 1% en las tasas de homicidio reduce el crecimiento del PBI en 0.3 puntos porcentuales. La literatura empírica ha evidenciado ampliamente el círculo vicioso entre crimen y crecimiento económico: una mayor tasa de criminalidad y violencia perpetua el desempleo, acrecienta la desigualdad y da como resultado un bajo crecimiento, lo cual reduce oportunidades y genera mayor violencia, y esto alimenta el círculo vicioso y recesivo.

En definitiva, los magros resultados económicos son los responsables de la agudización criminal en el Perú. Por ejemplo, mientras en la última década la región Madre de Dios ha evidenciado un deterioro continuo del crecimiento económico (crecimiento promedio de 2.9% en el periodo 2012-2022, 13 puntos porcentuales por debajo de Huancavelica que lideró el crecimiento en dicho periodo), paralelamente ha experimentado la agudización de las actividades criminales en torno a la minería ilegal o informal, la cual asciende al 90% en la región (USAID, 2022).

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Sin estrategia, sin norte

El Gobierno no posee una estrategia clara y sostenible para abordar el problema de la informalidad y la ilegalidad, agobiando así al empresario formal, y dejando al ciudadano y empresario a su suerte, a su albedrío, subraya el CPC.

Dos ejemplos recientes sustentan lo anterior. El primero se relaciona con los evidentes desincentivos a la actividad minera formal que terminan incitando el desarrollo de la minería ilegal, así como el desarrollo de actividades criminales colaterales.

Por ejemplo, el tiempo de evaluación y aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) y la Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) promedio es de 416 y 259 días hábiles, respectivamente, cuando el plazo legal para cada trámite es 156 y 143 días hábiles, respectivamente. Ambos documentos constituyen requisitos para el desarrollo y la continuidad de las operaciones mineras. Si el Estado quisiera promover el desarrollo de la minera formal, la prioridad debiera ser la reducción a la máxima expresión la tramitología en este sector.

El segundo ejemplo se relaciona con la falla del Estado para promover un mejor clima de negocios.

Esto se condice con la información de un reciente trabajo realizado colaborativamente entre Apoyo Consultoría, el Consejo Privado de Competitividad, Backus e Ipsos a partir de una encuesta a 1,500 bodegueros en el país, de los cuales el 83% respondió que la inseguridad y la extorsión (robos, destrucción de propiedad y pago de cupos) es el más grave de sus problemas que enfrentan sus negocios para crecer. En Lima Metropolitana y el norte del país, el porcentaje fue de 86% y 90%.

Estos empresarios son víctimas del atosigamiento de la regulación estatal mal entendida y aplicada. Los resultados de la misma encuesta indicaron que el 60% de los entrevistados han experimentado el cierre de sus locales y el 22% han sufrido inspecciones arbitrarias por parte de las autoridades estatales.

Requerimientos

Para el CPC, el combate contra el crimen y la inseguridad en el país no pasa por seguir aumentando sistemáticamente el presupuesto, sin el logro de resultados. Se requiere trabajar de manera estructurada y con un plan de mediano y largo plazo en los factores que van a permitir mejoras de productividad y crecimiento económico. Por ejemplo, reducir la tramitología para facilitar la inversión privada y mejorar la provisión de servicios públicos para el cierre sostenible de brechas son aspectos esenciales. El no trabajar en estos aspectos tendrá consecuencias perniciosas en la economía peruana y reducirá progresivamente su potencial de crecimiento. El Estado debe preocuparse seriamente en el bienestar de sus ciudadanos, y trabajar para ellos.