Inversión minera del Perú en riesgo por inseguridad: acciones para el Gobierno

El último ataque tuvo lugar la noche del jueves 4 de abril en la mina Poderosa, ubicada en Pataz (La Libertad), donde derribaron dos torres de alta tensión y asesinaron a un trabajador de la empresa. Esta no es la primera vez que sucede un acto criminal en esta zona. Aunque, desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) plantearon declarar en emergencia la formalización minera y que se revisará el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no solo bastaría con esas acciones.

Según Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, se tiene a un Gobierno que no reacciona de manera eficiente y “se somete a la minería ilegal”.

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Incluso mencionó que la creciente incidencia de violencia asociada a la actividad minera ilegal es un factor que generan incertidumbre y desconfianza entre los actores involucrados.

“Si el país hubiera formado una comisión sólida después de lo sucedido en Pataz, invitando a la sociedad civil y a las empresas, con más acción y un sentido de urgencia, los inversionistas no tendrían ningún problema en seguir apostando por el país. Así se demostraría que el Gobierno está reaccionando de manera efectiva”, refirió el exministro.

Agregó que si los inversionistas ven la posibilidad de hacer un proyecto o explorar en otras localidades donde el Gobierno sí combate con fuerza la minería ilegal, entonces, apostarán por esos lugares. “De esa forma, ya no van a continuar en el Perú”, anotó.

Para este año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la inversión minera crecerá 7.8%, luego de haber enfrentado una caída de 13.3% durante el 2023.

“Si no se combate este tipo de cosas que están pasando, puede haber un retroceso de inversión minera”, lamentó Incháustegui.

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Fiebre por el precio del oro

Como la fiebre del oro ha vuelto con máximos históricos de US$ 2,300 la onza y la minería ilegal se expande, Incháustegui manifestó que esta situación no solo se observa en el Perú, sino también en el mundo.

“Los países que no tienen una decisión firme con decisiones drásticas, el flagelo continuará. Se sabe de dónde dónde hay esta actividad, entonces debería la base militar reforzarse y ponerse fiscales”, acotó.

Además, subrayó que el Perú debería invertir más en el presupuesto contra la minería ilegal, para estrategia, inteligencia y seguridad.

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En este mismo escenario, Dante Vera, director fundador de V&C Analistas, expresó la necesidad de actuar de manera rápida para enviar señales a los inversionistas de que tanto el Estado, la sociedad y las empresas privadas son capaces de hacer frente a esta situación.

“La mejor señal para los inversionistas es cómo estamos enfrentando el problema. Así que el Gobierno debe tener una estrategia el cual no solo debe ser meter policía y militares a las zonas de violencia, sino cerrar brechas sociales, mejorar norma para mejorar la formalización en este sector”, aseveró.

Un dato importante que comparte Vera, según un último estudio de la consultora V&C Analistas para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), es que el impacto económico de la minería ilegal alcanza el 2.5% del producto bruto interno (PBI); es decir, se mueve más de US$ 4,000 millones anual.

Subrayó que el Reinfo tiene que ser depurado y debe culminarse el proceso de formalización el 31 de diciembre del 2024 -como se tiene por norma- y no alargarse hasta el 2027 como se pretende realizarse con un proyecto desde el Congreso de la República.

Detalló que en el Perú hay 200,000 mineros informales. De este total, 88,000 están inscritos en el Reinfo. “En los 22 años que se implementó el proceso de formalización minera, solo se ha logrado formalizar a 11,105 mineros, que es solo un 12.5% de los 88,000. Entonces, este número refleja el fracaso del Reinfo″, anotó.

Más acciones que debe realizar el Gobierno

Como todos los peruanos queremos que haya más inversión para que se generen más ingresos y la economía mejore, Incháustegui sostuvo que se debería abrir un diálogo multiactor para definir qué hacer con el Reinfo.

“La solución no pasa por crear un alto comisionado y esperar que en seis meses presenten un informe, porque eso es para el mediano plazo. Lo que hay que realizar en el corto plazo es una convocatoria no solamente el sector público con otros ministerios, sino al privado y la sociedad civil, para declarar que un combate fuerte contra esta actividad de minería ilegal”, sugirió.

Explicó que se debe fortalecer la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape) con un grupo Rimay, que es una plataforma de promoción de diálogo y discusión en torno al sector minero.

“Esto es un tema muy grave que participar del primer ministro (Gustavo Adrianzén) y hasta la presidenta (Dina Boluarte), pero lamentablemente el Gobierno está con un legitimidad muy precaria, y por eso que políticamente los ilegales avanzan con esta convicción de que no les va a pasar nada”, puntualizó.

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Más estrategias

Ante el crecimiento de la minería informal e ilegal, y el fracaso de su formalización, Vera planteó cuatro estrategias de solución. Primero, recuperar el orden interno en las zonas asoladas por las organizaciones criminales, en paralelo un segundo punto como la acción del Estado para resolver los problemas de servicio básico de la población: agua desagüe, postas, escuelas, etc.

Un tercer factor modificar la normativa legal institucional, para que la formalización no solo sea fiscalizada por las Direcciones regionales de Energía y Minas (además deben ser implementadas con más recursos económicos y humanos).

Un último punto, propuso contar con plantas de procesamiento propias, las cuales eliminarían los centros de procesamiento que son un eslabón de abuso y de licuado de oro sucio.

Investigaciones

De acuerdo al Ministerio Público, se tiene más de 7,200 investigaciones a nivel nacional por el delito de minería ilegal, desde el 2019 hasta fines del 2023.

“De los 7,200 casos que tenemos, por lo menos un 40% se encuentran judicializados. Es decir, algunos se encuentran en etapa de investigación preparatoria, y otros, en etapa de juzgamiento”, comentó el fiscal Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Las regiones con más casos son Madre de Dios (2,705), La Libertad (527), Puno (450), Ucayali (300) y Cusco (286).

El representante del Ministerio Público manifestó que, hasta fines del 2023, lograron un total de 285 sentencias condenatorias, de las cuales 203 fueron con sentencias suspendidas y 82 con pena efectiva. En promedio, se condenaron entre cinco a 10 personas por este delito en cada caso.

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SOBRE EL AUTOR

Javier Artica

Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.