Gobiernos subnacionales demoran el doble del plazo para autorizar obras

Los gobiernos locales y regionales dejaron de ejecutar recursos para obras por alrededor de S/ 13 mil millones en 2023, según el CPC. Ambos niveles de gobierno no pudieron devengar más del 80% de su presupuesto total para proyectos.

Pero no solo eso, los gobiernos subnacionales tardaron en promedio el doble del tiempo en autorizar la ejecución de sus obras respecto a lo programado. Así lo indica el más reciente Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) anual del CPC, que Gestión pudo revisar.

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Más de lo acordado

EL IRGP mide los retrasos entre la convocatoria y la buena pro en las inversiones regionales y locales adjudicadas por las principales unidades ejecutoras. En su edición más reciente se analizaron 1,117 proyectos de un total de 1,293 proyectos convocados hasta el cuatro trimestre del 2023.

Entre los 23 gobiernos regionales analizados por el CPC estos demoraron en promedio el doble respecto a lo programado en otorgar la buena pro para sus proyectos (ver gráfico). Sin embargo, hay diferencias alarmantes entre cada departamento.

Por ejemplo, la región más retrasada fue Arequipa, ya que tardó más de cuatro veces el plazo planificado en autorizar obras (330%). Esto quiere decir, según la data del CPC, que tardaron en promedio 80 días en otorgar la buena pro. Cierran el podio Lambayeque (186%) y La Libertad (183%), que tardaron casi tres veces en hacer lo mismo.

En el lado contrario está el gobierno regional de Apurímac, que según los registros del CPC, sí cumplió en otorgar la buena pro a tiempo. Sin embargo, como indica el organismo, esto también se debe a que solo convocaron un proyecto en todo el año.

La situación no cambia si se analiza la ejecución de obras en las 25 regiones a nivel de gobiernos locales. Los municipios también tuvieron un retraso promedio cercano al doble del plazo programado en otorgar la buena pro para sus proyectos (ver gráfico).

Y, al igual que a nivel regional, hay municipalidades que brillan por su demora excesiva. En Huancavelica tardaron más de cuatro veces lo programado (348%) en otorgar buenas pro. Esto significa que tardaron casi 60 días en entregar estas autorizaciones de obra.

Le siguen los municipios de Lambayeque y Moquegua, que registraron más del triple de tardanza respecto al plazo acordado (243% y 228% más respectivamente). Las comunas que menos tardaron estuvieron en Madre de Dios, con solo un día de retraso, aunque solo se convocaron 9 proyectos, el menor número entre todos los casos analizados.

El monto convocado de los 1,293 proyectos fue de S/ 12,5 mil millones en 2023. Si estas estadísticas por sí solas no preocupan, Álvaro Cubas, economista del CPC, apunta que los tiempos promedio aumentaron en 2023 respecto al año previo.

“Ambos han empeorado. Los gobiernos regionales demoraban aproximadamente 95% en 2022, ahora es 101% (poco más del doble). No es considerable, pero sí lo es para los gobiernos locales: en 2022 el ratio era 76%. En 2023 fue 97%”, comenta a Gestión.

El economista asegura que muchos de los proyectos se demoraron en 2023 por la saturación de los funcionarios públicos a su cargo, ya que no se dan abasto. “De por sí ampliarles la cartera ya les complica la gestión. Lo que vimos en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) es que una de las consecuencias era que se aplazaban por sobrecarga de los funcionarios”, asegura.

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Problema de atomización

Para alentar la celeridad en la entrega de buenas pro en gobiernos subnacionales, el CPC propone la creación de unidades ejecutoras especializadas, que se activarán ante demoras en la ejecución presupuestal.

Según explica David Tuesta, presidente del CPC, a Gestión la razón de su alternativa es que han observado que en el presupuesto del 2023 el 43% y 58% de proyectos fueron nuevos en los gobiernos regionales y locales. Y son cada vez más pequeños.

“Eso es un problema de gestión: se tiende a atomizar los proyectos. Los que se iniciaron antes del 2023 en gobiernos locales tenían un costo promedio de S/ 997 millones. Los nuevos de S/ 327 millones”, afirma Tuesta.

Por eso el también ex ministro de Economía resalta que su propuesta se diferencia del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), entidad que el Gobierno impulsa para brindar asistencia técnica en la elaboración de expedientes técnicos en gobiernos subnacionales.

“Es una buena idea porque ataca una de las razones detrás de mala ejecución pública: muchos proyectos nacen con malos expedientes técnicos. Ahora, el OEDI es para proyectos de mediana complejidad, se entiende que son obras más grandes. No atacamos los problemas de proyectos pequeños que surgen y distraen”, explica el presidente del CPC.

De acuerdo a Tuesta estos proyectos se acumulan, lo que complica que los funcionarios públicos puedan hacerse cargo de ellos a tiempo. Por ese motivo, el CPC también propone establecer una gobernanza para esos casos.

Para ello, plantean que ProInversión, entidad que promueve Obras Por Impuestos (OxI) y las Asociaciones Público-Privadas (APP) como mecanismos para promover la participación privada en obras públicas, tenga un rol más proactivo en las asesorías a gobiernos subnacionales.

“Lo que es importante es que se generen espacios que promuevan la inversión pública. Ese es el foco de ProInversión”, acota Tuesta.

En concreto, el planteamiento del CPC es que ProInversión y las unidades técnicas especializadas colaboren con las entidades de los gobiernos subnacionales –sobre todo pequeños distritos– en que elaboren proyectos de alto impacto, en reemplazo de propuestas de obras pequeñas.

“Pensemos en un distrito minero, donde tienen presupuestos probablemente muy por encima de que realmente necesitan. Si quieren ejecutar una carretera que conecte solo a su mismo distrito, se les debe explicar que lo que realmente les conviene es una vía de comunicación que se conecte con otras comunidades”, explica Tuesta.

Las entidades que harían esa labor de coordinación con los alcaldes de gobiernos subnacionales para “agrandar” sus proyectos de inversión pública serían justamente ProInversión y las unidades técnicas especializadas, en donde encajaría la OEDI, de acuerdo a Tuesta.

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SOBRE EL AUTOR

Alessandro Azurín

Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.