Las ideas y vueltas de la Ley Forestal, ¿Perú cumplirá con los requisitos de la UE?

Las obligaciones entrarán en vigencia a partir del 01 de enero del 2025, lo que deja un plazo de ocho meses para que los actores peruanos se preparen para cumplir con los estándares establecidos por la UE. Básicamente, la Unión Europea pone reglas claras: no comprará productos provenientes de zonas deforestadas.

La normativa europea establece requisitos que exigen que en las zonas de producción de cacao, café, madera y aceite de palma no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre del 2020. Además, estos productos deberán ser producidos de acuerdo con la legislación, contando con una declaración de debida diligencia.

Esta diligencia implica que los importadores europeos deben mapear sus cadenas de suministro, establecer un sistema de trazabilidad para asegurar que los productos exportados estén vinculados a parcelas o terrenos geolocalizados, y monitorear los riesgos de deforestación entre sus proveedores mediante auditorías en campo y vigilancia satelital.

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Cambios a la ley forestal

Uno de los primeros pasos para cumplir con estas regulaciones ha sido la modificación de la Ley Forestal. El Congreso de la República del Perú aprobó el año pasado, por insistencia, la modificación de ley.

Esta medida ha generado innumerables controversias. Diversas organizaciones han denunciado la falta de “candados” para prevenir la deforestación en áreas no destinadas aún a la agricultura; mientras que otros actores han mencionado que los cambios ayudan a la formalización de agricultores que están en espacios donde ya no existía bosque incluso antes de que llegara la actividad.

La parte que causó revuelo es una disposición complementaria final que hablaba sobre la clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes.

“Los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas por la autoridad competente con anterioridad a la vigencia de la presente ley o que se encuentren dentro de los alcances de la Ley 31145 (...) que no contengan masa boscosa y que desarrollen actividad agropecuaria, son considerados, de manera excepcional, como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto están exceptuados de realizar su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como también están exceptuados del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la Ley 29763″, dice el texto.

Con esto, en resumen, se da luz verde a que los agricultores que estén en zonas ya deforestadas puedan continuar ahí aún si la clasificación de la tierra -cuando había masa boscosa- prohibía la agricultura.

Días antes de que Jennifer Contreras saliera de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego dio su posición sobre las modificaciones a la Ley Forestal, la que no iba necesariamente en línea con las advertencias que había dado el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) cuando el texto era un proyecto de ley.

“Hay dos temas que mira el Poder Ejecutivo. Uno: Cero de deforestación. Hay más de 9 mil millones de hectáreas deforestadas sin agricultura. Ahí tenemos que reforestar. Dos: Toda ley, en tanto esté vigente, todo funcionario, toda autoridad, tiene que cumplirla. Esos son los mensajes que tengo que decir”, señaló Contreras.

Agregó que: “En adición: tenemos que proteger y cuidar a nuestro agricultor, sea del producto que sea. En este caso, vamos a apoyar a nuestros agricultores del café, del cacao. Vamos a hacer todo lo posible para que su exportación no se corte a la UE, trabajando de manera multisectorial con el MEF y con los demás sectores involucrados”.

Mientras todo esto sucedía, ayer en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso se aprobó la derogatoria de la ley que dio luz verde a los cambios en la Ley Forestal. Aunque aún falta su debate en el pleno, esto muestra las marcadas posiciones a favor y en contra de las modificaciones.

Una mirada desde Serfor

En una conversación con Gestión en marzo último, Luis Alberto Zúñiga, director ejecutivo de Serfor adelantó que desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se había convocado a un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para evaluar la inconstitucionalidad de la ley. Esto fue confirmado por el primer ministro. Sin embargo, hasta el mes pasado, se supo que no había sido instalada.

Zúñiga confirmó que Serfor no respalda la aplicación de dicha ley (la que modificó a la Ley Forestal), ya que deja abierta la posibilidad a que se deforeste las zonas protegidas. “No hemos sido consultados sobre la ley, y estamos en contra”, comentó.

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A finales del año pasado, un grupo de organizaciones ambientalistas enviaron un documento a la UE que advertía que los cambios planteados a la Ley Forestal van en contra del artículo 277 del trato comercial con la UE. Lo último que conoció este diario, es que el documento fue recepcionado.

Posteriormente a la conversación con Serfor del mes pasado, Gestión se volvió a contactar para conocer las actualizaciones de las conversaciones del grupo de trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) -como ente rector- no dio luz verde a la entrevista.

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Más trabajos

Otro requisito que se estaría trabajando para llegar a la fecha de vigencia, es que el Midagri implemente la legislación ambiental. “Se espera que el Gobierno publique el reglamento ambiental-agrario”, precisó Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). Este reglamento permitirá alinear las actividades productivas del país con los requerimientos por la Unión Europea.

A esto se suma acciones en el tema laboral. Se espera que las empresas agroindustriales formalicen sus operaciones de acuerdo con las normas laborales, excluyendo cualquier forma de trabajo infantil. Según Amaro, este proceso se llevará a cabo a través de la trazabilidad de las parcelas y la implementación de tecnología para el control y la fiscalización. De hecho, Serfor ya está implementando un software de localización para mejorar la supervisión de las actividades agrícolas.

Además, Jennifer Contreras, cuando era ministra del sector, indicó a Gestión que para las normativa de la UE, se ha descartado en el corto plazo trabajar las titulaciones de las parcelas de las zonas agrícolas de la selva.

“La titulación demora mucho y la brecha es grande. Si vamos por titulación, el presupuesto necesario sería mucho mayor (al de S/ 40 millones otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas). Estamos viendo los mecanismos, mucho más factibles, en las cuales puedas llegar y no perjudicar. Hay un presupuesto, pero vamos a ir por el camino en el que seamos eficientes y cumpliendo la norma”, detalló.

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SOBRE EL AUTOR

Mariana Ruiz Mariano

Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.