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El Ministro de Trabajo, Alejandro Salas, informó al Congreso que se está elaborando una propuesta de norma que proponga un ajuste anual de la remuneración mínima vital, la cual utilizará datos como la “inflación total efectiva” para que se resguarde la capacidad adquisitiva de los que tienen menores ingresos.
Expertos en materia laboral indicaron a Gestión que el término “inflación total efectiva” no es utilizado y que, en todo caso, siempre se ha propuesto el uso del índice de productividad y la tasa de inflación anual. Al respecto, César Puntriano, socio del estudio Muñiz, indica que es un término “no técnico”.
El ministro del sector señaló que dicha periodicidad es la “más utilizada en las principales economías de la región”. Según indicó “el reto actual es revisar los avances efectuados y validar la viabilidad de criterios y parámetros en el contexto actual”.
Cabe recordar que tras el incremento de la RMV de S/ 930 a S/ 1,025 aprobado en abril último, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ya contemplaba que la revisión sea cada año o cada dos años (Gestión 04.04.2022).
Formalización laboral
El ministro indicó que tenía un plan para fomentar la formalización mediante “incentivos”, pero no dio mayor detalle al respecto.
Aun así, comentó que se estaría fortaleciendo a la Sunafil y que actualmente se buscaba incrementar el número de inspectores laborales de 750 a 1,500. No dio el plazo en el que se esperaba dicho aumento.
Aclaró, adicionalmente, que el incremento de inspectores requería, además, tener más personal administrativo de la Sunafil, debido a que habría una carga procesal más grande como consecuencia de mayores inspecciones.
Consejo Nacional de Trabajo
Los cambios propuestos a la RMV toman por sorpresa, dado que dicho tema se iba a discutir en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), como se había establecido anteriormente en su agenda.
El CNT, sin embargo, por ahora no cuenta con la participación del sector empresarial, que indica que no volverá a participar en el mismo hasta que se deroguen los decretos supremos que modificaron la tercerización laboral y el derecho a la sindicalización y la huelga.
Según los empresarios, el ministerio debió acudir al diálogo social ante el CNT para la emisión de dichas normas y, al no hacerlo, burló a la institución de diálogo tripartito.
Pero el ministro señaló que el CNT es una entidad meramente consultiva, mas no vinculante, por lo que no había necesidad que se acuda a dicho ente en primer lugar. Salas además señaló que la separación de los empleadores puede ser el resultado de cambios que “generan incomodidad” en “estos tiempos”.
“Lo que he encontrado es una falta de voluntad de diálogo, pero no voy a perder los esfuerzos de seguir convocándolos”, agregó.