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El último 31 octubre, el Gobierno emitió el decreto de urgencia que obliga a las farmacias y boticas a nivel nacional a contar con medicamentos genéricos, para lo cual el Ministerio de Salud emitirá en un plazo no mayor de 30 día –a fines de noviembre– la lista de hasta 40 medicamentos esenciales de Denominación Común Internacional (DCI) que deberán mantenerse disponibles en todas las farmacias públicas y privadas.
En la norma se específica que aquellos establecimientos que incumplan con esta medida serán sancionados con una multa de hasta 2 UIT (S/ 8,400).
No obstante, en caso que una farmacia del Estado incumpla con esta disposición –es decir, no tenga alguno de los medicamentos genéricos incluidos en la lista– no recibirá una sanción, que implica la imposición de la multa.
Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, explicó a Gestión.pe que ello se debe a que estas Unidades Productoras de Servicios de Salud ya se encuentran bajo la supervisión y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).
“A diferencia de las farmacias y boticas privadas, las públicas –que son unidades productoras de servicios de salud– ya están bajo la fiscalización de Susalud. De este modo, que si incumplen serán sancionadas por Susalud”, comentó.
Agregó que el propósito de la norma no es imponer sanciones sino que, por el contrario, busca convertirse una herramienta disuasiva. “No tenemos ningún interés de multar a las empresas, por ello el decreto urgencia específica que las farmacias y boticas tendrán un plazo para adecuarse", precisó.
Este plazo de adecuación será de seis meses, la que deberá contarse después de emitido el reglamento.
-Acciones legales para evitar su aplicación-
Aly Carlos Villarroel, presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes (que agrupa a 15,900 establecimientos de barrio) afirmó que su gremio alista acciones legales –que serán presentadas entre el jueves y viernes de esta semana– para evitar que se aplique el decreto de urgencia que las obliga a contar con una lista de medicamentos genéricos debido a que “pone en riesgo el sostenimiento operativo y financiero” de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta de medicinas.
Así, analizan la presentación de una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para suspender la aplicación del decreto de urgencia 007-2019 y de una demanda de inconstitucionalidad ante este organismo.
“Este decreto urgencia vulneran los artículos 58 y 59 del capítulo económico de la Constitución, específicamente la referida a la economía social mercado, en la que se señala que la iniciativa privada es libre, así como la relacionada con el rol económico del Estado. Este DU busca controlar la oferta imponiendo una lista, lo que es inaceptable en una economía de mercado”, agregó a Gestión.pe.
Otra medida que alista este gremio es la presentación de una denuncia ante el Indecopi por competencia desleal y solicitar a la Comisión Permanente del parlamento que la observe, elabore un dictamen que pueda ser discutida por el próximo Congreso.
“Se genera una competencia desleal cuando el Estado interviene en la economía y anuncia que a través de los hospitales públicos y sus farmacias, se va atender a todos. El poder de compra del Estado es superior al de las botica independientes: está última cuando compra un medicamento, adquiere una caja; en cambio el Estado compra millones de cajas. Aquí hay competencia desleal”, argumentó.