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Por esta época el año pasado, el futuro de Guyana parecía brillante. Las primeras gotas de petróleo del nuevo mayor descubrimiento del hemisferio occidental en décadas estaban listas para comenzar a fluir.
La economía se expandiría en 86% en un año y, muy pronto, transformaría a uno de los países más pobres de las Américas. Incluso la corrupción, el flagelo heredado de Guyana, parecía estar disminuyendo un tanto.
En cambio, 12 meses después, reina la inestabilidad en esta pequeña nación de 750,000 personas en el borde norte de Suramérica. Las elecciones presidenciales del 2 de marzo, un desastre que tardó cinco meses en resolverse, dejaron a las élites tradicionalmente enemistadas más profundamente divididas por lealtades raciales y étnicas.
La agitación política ha generado costosos contratiempos para la extracción y exploración de petróleo e inquieta a los inversionistas. Las instituciones vitales en la gestión de los ingresos petroleros del géiser siguen siendo endebles, donde existen en absoluto. Además, todo esto se ha desarrollado en medio de un exceso de petróleo internacional y la pandemia de coronavirus.
Este cuento parece conocido. Las naciones petroleras fronterizas a menudo son víctimas fáciles de la maldición de los recursos, bajo la cual el repentino regalo de un generoso recurso natural subvierte las instituciones nacionales y arruina la política y la sociedad. Sin embargo, Guyana es un recordatorio de que el hechizo puede funcionar en ambos sentidos.
El clientelismo, la corrupción y el usufructo personal han convertido la política de Guyana en una carrera hacia el fondo. A menos que la sociedad guyanesa mantenga un nivel más alto de establecimiento político, la nación emergente de Suramérica corre el riesgo de sabotear una visión diferida durante siglos de crear riqueza común y estabilidad democrática, y en cambio enriquecer solo a los gigantes petroleros.
Sin lugar a dudas, puede ser problemático cuando la abundancia llega por sorpresa. “Los puertos de la nación, el suministro de energía, las bases de suministro, todos es rudimentario y la industria en Georgetown es básica, como mucho”, dijo Marcelo de Assis, jefe de investigación de Wood Mackenzie, una consultora de energía.
No obstante, la lucha partidista en Guyana alimentada por la raza agrega un toque tóxico. “Una de las peores circunstancias que se puede tener es un país polarizado política y étnicamente que está a punto de recibir una gran cantidad de dinero”, dijo Francisco Monaldi, experto en petróleo y energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de Rice University.
Partamos del voto de “no confianza” contra el Gobierno del presidente David Granger a fines del 2018, que puso al sistema en crisis.
En lugar de una transición suave hacia las nuevas elecciones, como lo prescribe la Constitución inspirada en el Reino Unido, Guyana tuvo un estancamiento político de 19 meses: Granger apeló a los tribunales, exigió un recuento electoral y luego desafió a los auditores internacionales que validaron la votación.
Para empeorar las cosas, la disputa electoral se dividió a lo largo de fallas centenarias: los guyaneses de ascendencia africana se alinearon detrás del Congreso Nacional Popular saliente de Granger, mientras que los indoguyaneses descendientes de sirvientes contratados se sumaron a las filas del partido rival PPP, ahora de vuelta al poder bajo el presidente Irfaan Ali.
Las grandes petroleras no son ajenas a los mercados turbulentos. Basta con observar a Angola y Chad, donde el crudo siguió fluyendo a pesar de animosidades étnicas y guerras civiles. Sin embargo, el desorden en Guyana ha generado una pausa para los inversionistas y ha amenazado con contratiempos de producción.
Un probable retraso de 12 meses en el campo petrolero de Payara en el preciado Bloque Stabroek podría costarle a Guyana alrededor de US$ 1,600 millones. A este lúgubre recuento se suman sospechas de que funcionarios regalaron concesiones petroleras en el 2016, poco después del fabuloso hallazgo en Guyana.
Esas afirmaciones cobraron fuerza a principios de este año cuando Global Witness, un organismo regulador de la industria, acusó a Exxon Mobil Corp. de imponer un acuerdo “abusivo” de producción compartida, que según dijo podría privar al país de aproximadamente US$ 55,000 millones, cerca de 12 veces el producto interno bruto de Guyana en el 2019. Las autoridades guyanesas y Exxon negaron cualquier ventaja indebida, argumentando que los términos del acuerdo reflejaban el riesgo que representaba operar en una provincia fronteriza de hidrocarburos.
Las dudas públicas sobre los contratos han provocado demandas de que el Gobierno los renegocie. Quizás más importante aun, Guyana debería ordenar la casa.
“La juventud guyanesa es la clave. Para mí que se olviden del contenido local y de los trabajos en petróleo y gas por el momento. Necesitamos construir un país desde cero. Hay mucho trabajo por hacer”, me dijo Jan Mangal, experto en petróleo de Guyana que asesoró a la Administración de Granger pero ha sido crítico con ambas facciones en competencia. En cambio, agregó Mangal, “se han disparado todas las alertas”.
En última instancia, transformar a Guyana depende de resolver un enigma mayor: ¿Puede el país dejar el hábito de incapacitar rivalidades basadas en el color de piel? Si bien los guyaneses de ascendencia asiática y africana han convivido durante siglos, como el dicho “juntos pero no revueltos”, comentó Christopher Charles, profesor de psicología en West Indies University, en Jamaica.
La lucha por el poder y la influencia ha convertido la diversidad en enemistad, ahora agravada por la perspectiva de enormes alquileres petroleros. “Dado su acceso a recursos y su ubicación de puerta de entrada a Suramérica, Guyana podría ser un pequeño Singapur en este momento. En cambio, los políticos han usado la raza para mantenerse en el poder”, dijo Mangal.
Guyana ha dado algunos pasos para superar sus disfunciones. Transparencia Internacional calificó recientemente a Guyana como una de las naciones que más ha mejorado en su lista anual de Percepción de la Corrupción, ocupando el puesto 85 de 180 países en el 2019 (en comparación con 93 el año anterior).
Las tensiones raciales generalmente no han desembocado en violencia y, de manera alentadora, es probable que algunas partes de la sociedad ya hayan sanado sus atávicas diferencias culturales. El número de guyaneses que se identifican como racialmente mixtos (20% de la población total) se duplicó entre 1980 y 2012 (la fecha del último censo completo), el grupo demográfico de más rápido crecimiento junto con los de ascendencia portuguesa.
Un antiguo funcionario de ayuda a expatriados en Georgetown, que trabaja con todos los grupos guyaneses y que pidió no ser identificado, recuerda haber organizado una fiesta en casa durante la Copa Mundial del 2014 y haber quedado sorprendido por la fácil interacción entre los diversos invitados.
“Recibí a muchos invitados, a muchas parejas mixtas. Todo fue muy natural. Entonces me di cuenta de que Guyana había cambiado para mejor”, me dijo el funcionario. “No me había dado cuenta porque había estado viviendo en mi burbuja”.
Lamentablemente, medio siglo después de la independencia, los políticos aún viven en sus burbujas.